Berto González Reverón dimitió por fin ayer. La Audiencia había ratificado la sentencia que lo inhabilitaba como alcalde de Arona y lo forzaba a dimitir, dejándolo sin ninguna salida. Han transcurrido cinco largos meses desde su inútil resistencia numantina a abandonar la alcaldía. Berto González fue condenado en junio pasado a cuatro años y seis meses de inhabilitación por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que lo consideró autor penalmente responsable de un delito continuado de prevaricación. Con la nueva legislación electoral, la sentencia implica la privación inmediata de su actual cargo de alcalde y sus emolumentos, así como la imposibilidad de ejercer cualquier cargo en la Administración pública durante el tiempo establecido. Pero González Reverón se negó a aceptar la sentencia, recurriendo a todo tipo de artimañas, provocando la parálisis administrativa de Arona (donde incluso la secretaria de la Corporación emitió un informe instando a la renuncia del alcalde), mientras que él contrataba -con fondos municipales- informes externos para avalar su continuidad y embarcar a sus colegas del Ayuntamiento en una absurda aventura para ganar tiempo. González Reverón consiguió incluso el apoyo de su grupo municipal, colocando a los concejales de la mayoría ante la posibilidad de ser denunciados por prevaricación, por hacer oídos sordos a la Secretaría municipal, al Juzgado de lo Penal y a la Junta Electoral.
Todo eso queda atrás tras la ratificación por la Audiencia de la la sentencia, que es solo sobre un asunto menor dentro del laberinto del caso Arona: se trata de la renovación -séptima renovación, según alegó el propio alcalde en su disculpa- de unas contrataciones irregulares. Una de ellas afecta precisamente a Eva González Moscoso, vinculada al grupo del alcalde y que se convierte en concejala tras el cese del alcalde, en una curiosa demostración de que en Arona todo comienza y acaba en el mismo sitio.
A González Reverón no le quedaba ya ninguna salida, pero aún así se empeñó en retrasar lo inevitable durante otros dos días: se reunió con empresarios del Sur buscando supuestamente financiación para acudir al Supremo y pidió a sus concejales que aguantaran a la desesperada. Solo aceptó tirar la toalla tras comprobar que no podía contar con el apoyo de Fernando Clavijo y de Coalición en Tenerife.
Su calvario no acaba aquí: es probable que le pidan cuentas por el dinero cobrado estos cinco meses, y -sobre todo- se enfrenta aún a la parte más dura del caso Arona. Ahora tendrá que hacerse cargo de su propia defensa sin los recursos y privilegios del cargo.