EUGENIA PAIZ | Los Llanos de Aridane
El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y exalcalde de la localidad, Juan Ramón Rodríguez Marín, compareció ayer en rueda de prensa para anunciar que su grupo político llegará hasta la vía judicial, si fuera necesario, para defender los intereses de los 22.000 vecinos de la localidad. Rodríguez Marín señala a los vecinos como víctimas de “la decisión de no recurrir la sentencia que anula la licencia de planta de asfalto pese a la recomendación del informe jurídico que encargó la Alcaldía”.
“La sentencia no es firme y teniendo en cuenta las recomendaciones para que se recurra, la alcaldesa hace caso omiso y las consecuencias son graves: se van a producir una cascada de denuncias por la desprotección de los empresarios y eso va a suponer muchos conflictos y peticiones de indemnización”.
Las duras críticas del portavoz nacionalista a la alcaldesa incluyen la advertencia sobre el incumplimiento de los “documentos preceptores que regulan las obligaciones de la administración local”, de entre los que destacó parte del texto de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicos de 1992, que establece, dijo, “que los actos de las administraciones públicos son nulos de pleno derecho cuando son dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
Rotundo, afirmó que “en caso de que la alcaldesa no cuente con la documentación con la que debería contar y no se nos remita” entre las que citó cuatro documentos, pedimos que se ponga fin al engaño al que se está sometiendo a la población y que se declare la nulidad de lo manifestado por la alcaldesa en la sesión plenaria extraordinaria a la que nos convocó”, esto es, la decisión de no recurrir la sentencia judicial.
Rodríguez Marín fue más allá y acusó al grupo municipal del Partido Popular de “vender su alma al diablo por la amenaza de ruptura de sus socios de gobierno”, el PSOE, y afirma que “han pesado más sus intereses partidistas que el interés general del municipio, al que quieren hacer pagar una indemnización de sus propios bolsillos”.
[apunte]INFORME JURÍDICO
El informe jurídico encargado por el Ayuntamiento sobre el alcance de la sentencia, aconseja recurrirla, aunque advierte sobre la necesidad de adoptar “una posición de prudencia” a la hora de otorgar un hipotético permiso de apertura y propone “la suspensión del trámite” hasta que no quedase resuelto el recurso que, finalmente, no se presentará. El estudio elaborado por el letrado para calcular las consecuencias de la anulación de la licencia para la planta de asfalto Ruiz Romero podría dar lugar a una indemnización que no cifra y que estaría justificada “por razón de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado “por lo que existiría “responsabilidad imputable, en principio, exclusivamente al Ayuntamiento”. Añade que La interpretación que en su momento hizo el Ayuntamiento es “irrelevante a los efectos de la indemnización”. Rodríguez Marín, que dijo ayer “defender solo los intereses generales del municipio”, criticó que la alcaldesa no diera cuenta en el pleno de las conclusiones de este informe jurídico, que desde la Alcaldía se ha valorado como una recomendación no vinculante que no garantiza en ningún caso la anulación de la sentencia que ahora prohíbe la instalación de la planta de asfalto de Ruiz Romero.[/apunte]