Nuestro reconocimiento a los titulares de los cabildos porque todos, sin excepción, con palabras y sensibilidades distintas, hablaron desde el conocimiento, la experiencia y, sobre todo, desde el corazón, porque es imprescindible para hacer, en cada tiempo, la política adecuada estar cerca de quienes nos dieron su confianza y a cuyo mandato nos debemos. También queremos rendir recuerdo y homenaje a aquellos canarios que asumieron la responsabilidad y el honor de dirigir unas corporaciones recién nacidas y que tan notable protagonismo tuvieron y tienen en nuestra historia contemporánea. La presencia de todos ustedes dignifica el compromiso pendiente de celebrar y la oportunidad de reseñar también las tres conmemoraciones, que conforman nuestra democracia y coinciden en este año 2012.

En primer lugar, el Bicentenario de las Cortes de Cádiz y la Constitución, que nos sumó a quienes rompieron el anacronismo del Antiguo Régimen Absolutista. El segundo hito ha garantizado nuestra construcción e identidad como pueblo. Tuvo una gestación larga y compleja porque, si bien se visualizaba en el pleito de las islas mayores, afectaba profundamente a todo el Archipiélago. Hablamos del centenario de los cabildos. En ese punto, hemos de reconocer la actuación de dos isleños ilustres. Uno desde aquí y desde Madrid el otro, que pusieron su inteligencia y voluntad al servicio de su tierra. El abogado majorero Manuel Velázquez Cabrera, que reclamó la representación parlamentaria para cuatro islas y recogió más de tres mil firmas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro. Y el palmero Pedro Pérez Díaz, letrado del Consejo de Estado, que asistió a las asambleas isleñas y que, por orden de Canalejas, redactó el borrador que, sin retoques, se convirtió en la Ley Constitutiva de los Cabildos Insulares.

El tercer hito se refiere al treinta aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias, que desarrolla los mandatos de la Constitución y articula política y socialmente nuestra convivencia, incorporando felizmente a los cabildos como gobiernos insulares de la Comunidad Autónoma.

No es frecuente en nuestra cultura, ni en nuestro entorno sociopolítico, conmemorar el centenario de un texto legal, como en este caso. Podemos afirmar que su longevidad y buena salud responden a una razón palmaria: una ley que cumple un siglo es, sin duda alguna, una buena ley. La Ley de Cabildos pasó por la monarquía parlamentaria, por dos dictaduras militares, por la II República, que legisló sobre su convocatoria en coincidencia con las elecciones locales; permaneció durante el franquismo, que, además, en 1972, estableció el Régimen Económico y Fiscal, que consolidó las especificidades isleñas, las franquicias aduaneras y los impuestos locales, que, con oportunas reformas, han llegado a nuestros días, constituyendo la fuente principal de sus recursos financieros. El Estatuto de Autonomía de 10 de agosto de 1982 significó la verdadera emancipación de todas las islas, con el derecho a resolver los problemas en el lugar en que se producen y a fijar sus prioridades y aspiraciones ciudadanas.

Nuestros cabildos son singularidades únicas en la Administración española y la base de un acervo histórico, jurídico y funcional que, en las tres últimas décadas, ha posibilitado importantes cotas de desarrollo y el efectivo ejercicio del gobierno insular. Las corporaciones insulares han ayudado a superar las barreras del mar; han aproximado la gestión a los intereses generales a los ciudadanos, han demandado y conseguido mejorar la solidaridad entre todas las Islas, haciendo posible la igualdad de todos los canarios.

Son las que realmente dan singularidad y personalidad propia al Archipiélago canario. Debemos mirar hacia adelante. No es aceptable el conformismo que lo pretenda. Tenemos que seguir profundizando en el desarrollo político y administrativo de Canarias, para mejorar la capacidad de gobierno de cada isla, para que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades. Y debemos hacerlo con leyes emanadas de este Parlamento, que, como sabemos, cuenta entre sus órganos más representativos con la Comisión General de Cabildos. Todos somos conscientes de que no está acabada la reforma estatutaria ni la organización política del Archipiélago. Pero en todo caso debemos asumir una verdad sin matices. Aquí no sobran instituciones y lo que falta es perfeccionarlas para que se complementen. Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos tienen objetivos propios y una meta común que es el progreso de nuestra tierra y el bienestar de nuestra gente. Nuestras normas deben contemplar el interés general del Archipiélago, al mismo tiempo que las particularidades de las siete islas. Ese es el camino por el que tendremos que continuar avanzando en el futuro, porque las modernizaciones y mejoras serán la clave de un desarrollo justo y sostenido, sin exclusiones. A un pasado brillante, debemos responder con un presente de trabajo y generosidad. Esto no será posible si no sabemos aprovechar a nuestros genuinos cabildos. Reiteramos nuestra cálida felicitación, que extendemos a todos los que en Canarias viven, trabajan y sueñan. Y nuestra plena disposición para marchar, codo con codo, por las sendas que lleven al progreso de cada isla…

*PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS