DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
Jueves 18 de octubre de 2012. Reunión del Consejo Asesor del Presidente. El Gobierno de Canarias había convocado en Santa Cruz de Tenerife a los agentes económicos y sociales para exponerles las líneas generales de los presupuestos autonómicos de 2013. En eso que la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos, llamó a un aparte a empresarios y sindicalistas para contarles algo.
“Hay que renovar ya el Consejo Económico y Social. No podemos seguir así”. Los representantes de CC.OO. y UGT le tomaron la palabra y se frotaron las manos. Sin embargo, un directivo de CEOE-Tenerife que no era su presidente espetó: “¡Cárguenselo! ¿Para qué sirve eso?”.
Esa “furibunda reacción” refleja, más allá del calentón del momento, el cariño que las patronales canarias le tienen al CES. Ese sentimiento es coincidente con el que le profesa el PP, partido que en aquellas comunidades autónomas donde gobierna lo ha incluido en el lote de liquidación dentro de su política de ahorro del gasto público. Así ocurre en Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, La Rioja o Baleares.
En Canarias, el CES se ha convertido en una cámara de grillos. A veces, las discusiones en las comisiones se prolongan tanto que las patronales y los sindicatos solo se ponen de acuerdo a la hora de cerrar el debate con un borrador que saben que va a ser cepillado en el pleno para limar asperezas y recoger un texto adornado casi siempre con lugares comunes y metáforas.
Diríase que en la plantilla de los dictámenes preceptivos requeridos por el Ejecutivo regional figura por defecto el reproche del déficit de información. “Hubiese sido conveniente que se aportase…”, se lee habitualmente. Y, al no ser de obligado cumplimiento, su efectividad es más mediática que práctica.
Pero el CES también publica informes anuales y memorias. Además, supuestamente elabora barómetros y está capacitado para emitir pronunciamientos. A juzgar por su repercusión en sectores influyentes del Archipiélago, ese amplio abanico airea estados de opinión que a la larga alumbran normativas, reglamentos, preceptos, disposiciones, pautas, directrices, criterios, instrucciones… Puede que los expertos del CES sean unos sabios incomprendidos por el poder político y económico.
Por eso, no sería de extrañar que lo quieran aniquilar.
De conformidad con la ley 1/1992, de 27 de abril, modificada por la 4/2001, de 6 de julio, el Consejo Económico y Social de Canarias es un organismo de derecho público de carácter consultivo, dotado con personalidad jurídica propia, independiente y con plena autonomía para el cumplimiento de sus fines.
El CES surgió como “expresión de la voluntad legislativa del Parlamento de propiciar y hacer real la participación de los agentes sociales y económicos en los procesos de definición de las políticas económicas, sociales y laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias y su eventual expresión normativa”.
El espíritu del CES conecta con principios de participación y de promoción social y económica que inspiran la Constitución y el Estatuto canario. De ahí que se constituya en una linterna que ilumina el camino del progreso. Otra cosa es que haya que cambiarle las pilas para que no se pierda en disquisiciones sobre su funcionalidad y rentabilidad. En esa fase se está ahora.
Los 18 consejeros del pleno son nombrados por el Gobierno de Canarias, los dos expertos lo son a propuesta del Ejecutivo, y el resto, por sugerencia de las organizaciones representadas: sindicatos, patronales, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores y usuarios, y dos expertos de reconocido prestigio en materias económicas, sociales o laborales. El mandato es por un periodo de cuatro años.
Por cada titular existe un suplente con la misma representatividad, que lo sustituirá por razón de vacancia, ausencia o enfermedad.
Vinculado al CES desde 2001, Fernando Redondo fue nombrado presidente en 2006. Como vicepresidentes ejercen Manuel González (CC.OO.) y José Luis García (CPE). Ambos, desde 2007. Su secretario general es Carlos J. Valcárcel (1993). Entre los consejeros que menos tiempo llevan se encuentran el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, y los empresarios Eduardo Bezares y Elena Vela Sánchez. Todos estos entraron en 2011.
El presupuesto de 2012 asigna al CES una partida de 749.643 euros, cantidad de la que se dedica 511.509 al personal. Oficialmente, el presidente y los vicepresidentes no comportan ningún coste. Sí, el secretario general, que cobra 58.484,16 euros.
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Estructura y funciones
El Consejo Económico y Social de Canarias ejerce sus funciones mediante la emisión de informes y dictámenes previos sobre los anteproyectos de ley y los planes del Gobierno en materia económica, social y laboral, con excepción del anteproyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
Informes y dictámenes que, en las materias económicas, sociales y laborales, le solicite, facultativamente, el Gobierno de Canarias.
Informes y dictámenes por iniciativa propia sobre materias de su interés, en los terrenos económicos, sociales y laborales.
Elabora y hace público un informe anual sobre la situación económica, social y laboral de la Comunidad Autónoma.
Las comisiones de trabajo se constituyen como grupos de estudio para la elaboración de los proyectos de informes técnicos o dictámenes. Podrán ser de carácter permanente o para cuestiones específicas y estarán formadas por nueve miembros del pleno, con respeto a la proporcionalidad de la distribución entre las representaciones. El pleno elige a los integrantes de las comisiones y sus presidentes.
Aparte de las cuatro comisiones permanentes de trabajo establecidas por la ley, el pleno del CES aprobó el día 28 de noviembre de 1996 la creación de dos nuevas: de Gobierno y de Consumo.
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