YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

En su dictamen sobre el anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales complementarias a las de la ley 4/2012 de 25 de junio, el Consejo Económico y Social de Canarias (CES) manifiesta su “preocupación y sorpresa” ante el hecho de que algunas medidas “de particular relevancia” en materia de función pública, contempladas en la ley, “se lleven al avance de anteproyecto con escasa puesta en conocimiento y negociación”.

Este anteproyecto incorpora a la ley de medidas administrativas y fiscales, aprobada el pasado junio en las Islas, las nuevas iniciativas del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que regula, con el carácter de legislación básica, aspectos ya contemplados en la ley autonómica mencionada, como la rebaja salaria de los empleados públicos.

El CES apunta a medidas como la reducción de las retribuciones del personal, de cambios en materia de cotizaciones al régimen de la Seguridad Social, de modificaciones “sustantivas” en materia de contenido y efectos de pactos, acuerdos y convenios colectivos en el sector público, y de suspensiones y modificaciones “unilaterales” de estos últimos.

ESTABILIDAD
El Consejo Económico y Social reitera en su dictamen su “convicción” en torno a la necesidad de establecer un marco que permita la “eficaz” consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la reducción del déficit y la mejora de la propia sostenibilidad fiscal.

Pero, continúa explicando el CES, la adopción de este tipo de medidas en el sector público “exige un proceso previo de negociación de las mesas generales y sectoriales, así como en los órganos específicos previstos al respecto en materia de función pública, débilmente justificados” en los antecedentes remitidos con la solicitud de dictamen.

Para el CES, con este proceder se “aleja” el proceso de discusión y consenso de las instancias de representación del personal al servicio de la Administración pública, “produciendo así, de facto, una deslegitimación de los mismos”.

Por ello, el consejo recuerda en su dictamen “la conveniencia de que, precisamente en coyunturas como las actuales, es imprescindible el esfuerzo conjunto de todos los agentes, públicos y privados”.

“Ello exige mantener permanentemente los cauces de participación y diálogo social entre el Gobierno y estas instancias para facilitar la configuración de propuestas y soluciones realistas, útiles, innovadoras y consensuadas a favor del desarrollo económico y la cohesión social”, argumentan.

El CES señala también que, a su juicio, determinados aspectos del anteproyecto de ley “podrían estar sostenidos en alguna vulneración de determinadas potestades” de la Comunidad Autónoma por el propio Real Decreto-ley 20/2012.

El consejo indica que el artículo dos de este Real Decreto-ley regula de manera “precisa” medidas y criterios a aplicar para hacer efectiva la reducción en las retribuciones de los empleados públicos en 2012. En su opinión, “es probable que se esté ante un exceso de regulación” en la medida en que deshabilita el margen de actuación de la Comunidad Autónoma para determinar el procedimiento para llevar a cabo la rebaja salarial prevista.

REDUCCIONES SALARIALES
El CES considera otra vulneración de “las potestades autorganizatorias” de Canarias que el real decreto ley disponga que el importe de las reducciones salarias se comprometa para planes de pensiones de ejercicios presupuestarios futuros, supeditado todo ello a condicionantes vinculados a los objetivos de estabilidad presupuestaria y a su posible incorporación en las futuras leyes de presupuestos.

En opinión del consejo, esto vulnera la autonomía del gasto de la Comunidad Autónoma, “condicionándose así la dirección y los criterios de su hacienda pública futura”.
El Consejo Económico y Social de Canarias recuerda que el Parlamento de Navarra ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra este punto y que Extremadura baraja también esta opción.

[apunte]Rebaja del 3-4%
El anteproyecto que es objeto de dictamen por parte del CES introduce cambios puntuales en el contenido de la ley aprobada en Canarias el pasado junio para adaptarla al Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Entre los puntos se encuentran las retribuciones de los empleados públicos, que no percibirán en 2012 la paga extraordinaria de diciembre o la de noviembre, según resulte de aplicación. A esto se añade la rebaja salarial aprobada por el Gobierno central, que será de entre el 3% y el 4%, con lo que no se aplica la rebaja del 5% aprobada por el Parlamento canario en junio. El nuevo texto resuelve también la fórmula para la situación de incapacidad temporal del personal público. Así, ante una baja médica común, hasta el tercer día el trabajador cobrará el 50% de su salario; del cuarto al vigésimo, el 75%; y a partir del día 21, el 100%. En cuanto a las bajas por accidente laboral, se cubrirá el 100% desde el primer día.[/apunte]