VICENTE PÉREZ | Candelaria
Crece la tensión en Cho Vito ante el inminente derribo, por el Servicio Provincial de Costas, de las últimas viviendas del poblado después de que no se alcanzara un acuerdo entre las nueve familias afectadas y la Delegación del Gobierno para el realojo, dado que se trata de personas sin otra vivienda. Anoche, los portavoces de los vecinos -seis de los cuales están en huelga de hambre desde el martes- enviaron un email al alcalde de Candelaria, Gumersindo García, en el que le advirtieron de que un desalojo por la fuerza puede acabar en una “desgracia”. “Todos los representantes vecinales de este pueblo marinero no podemos garantizar que no ocurra ninguna desgracia, como tristemente hemos visto en las noticias en los últimos días”, en alusión a la mujer que se suicidó recientemente en Barakaldo cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. “Estamos rogando para que esto no suceda, pero cuando le quitas un hogar a una persona, su único hogar, puede ocurrir lo peor”, añaden los portavoces en su correo electrónico dirigido al regidor municipal, al que además exponen: “Si tanto te preocupa nuestro estado actual, te rogaría que nos indicases el día del desalojo, para ir preparando a nuestros vecinos, que son los tuyos, para evitar males mayores”.
“Como tú bien sabes”, prosigue el email, “la situación de los vecinos de Cho Vito, no se adapta a las propuestas [ que han planteado los Gobiernos estatal y canario, Ayuntamiento y Cabildo], y te recuerdo que tus negociaciones con otros vecinos, en el año 2008, y con un acuerdo entre Costas y el Ayuntamiento de Candelaria, para realojar a dos familias, ha acabado con la inclusión de una de ellas en las actuales negociaciones; por eso, y para evitar desgracias mayores, creemos que las administraciones deben realizar un esfuerzo, sólo comparable al que han realizado estos vecinos al demostrar la ilegalidad de la actuación de la Demarcación de Costas de Tenerife. Eres consciente de la situación económica de los vecinos, y de lo que han pasado, durante estos años. Por eso, vuestra solución no es clara, por ser muy ambigua en muchas cosas”.
Caso de derribarse finalmente las viviendas, Costas habrá desatentido la reclamación presentada por los vecinos para que se revise el deslinde público pese a que disponen de documentos certificados por este mismo organismo, en los que el entonces ingeniero jefe de la Demarcación de Costas, Manuel Barrios, certificó en el año 2000 que el nuevo deslinde de la zona coincidía con el de 1969, que no afectaba de lleno a las viviendas; y pese a que en las fichas actuales de los mojones las casas figuran bien fuera del dominio público o solo afectadas en sus fachadas.
NI la Delegación del Gobierno ni la Demarcación han desmentido públicamente hasta ahora esta documentación, a la que, según los moradores de Cho Vito, no tuvieron acceso antes de dictarse la sentencia firme. La delegada del Gobierno, Carmen Hernández Bento, se ha limitado a asegurar este jueves que se debe cumplir el fallo judicial firme de demolición del barrio, si bien los vecinos aseguran que la resolución de los Tribunales solo se refiere al deslinde público, y no a que se deban tirar las viviendas,cuestión, opinan, que se trata de una decisión política sin antes esclarecer tal contradicción entre la documentación oficial que les han entregado y el trazado del deslinde público que ha motivado la desaparición del barrio para hacer un paseo marítimo. Los vecinos estudian presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo y no descartan acudir a la Fiscalía para denunciar su caso exigiendo además responsabilidades penales.
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La Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas ve “graves irregularidades”
La presidenta de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas (Aepcl), Carmen del Almo, se ha dirigido al Ministerio de Medio Ambiente para que paralice los derribos en el poblado marinero de Cho Vito al constatar “graves irregularidades” cometidas contra los vecinos, entre ellas la fijación de un deslinde público marítimo terrestre que debió ser otro más favorable a los afectados y que no se han seguido los trámites necesarios para las obras del paseo marítimo, por lo que el derribo de las viviendas, que son las únicas de estas familias, “puede ser constitutivo de un supuesto delito medioambiental, de fraude fiscal y de Fondos Europeos”. En un escrito dirigido al secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos Armas, Del Amo solicita por escrito que abra una investigación oficio o la dirija a quien corresponda sobre estas presuntas irregularidades y poder dilucidar responsabilidades.
La Aepcl critica que se pretende demoler viviendas “a pesar de haberse demostrado que existe una presunta irregularidad tras conocer el certificado emitido por el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife en 2000 y que ha supuesto un documento clave con el que se ha concluido las sentencias emitidas por los tribunales, al asegurar que el deslinde realizado en 2001 coincidía exactamente con el deslinde de 1969″, que no afectaba al poblado. “Una vez comparados ambos deslindes, no existe coincidencia alguna: el 1969 se situaba por delante de las viviendas dejando las propiedades fuera del dominio público, mientras que el del 2001 se situaba por detrás, dejándolas dentro”.
Informa además Del Amo al Ministerio que “habiendo presentado un recurso ante los tribunales al haber aparecido documentos que prueban lo anteriormente dicho, se ha dado la orden de derribo sin esperar a que el asunto sea revisado” y que “la Demarcación de Costas de Tenerife les ha denegado a los vecinos documentos vitales para su defensa”.
Por otra parte, la Aepcl denuncia ante el número dos del Ministerio que “no se han llevado a cabo los trámites legales necesarios para la expropiación y cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Candelaria a la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, como son los plenos del Ayuntamiento para su autorización” y añade que habiendo sido demandadas las correspondientes actas por parte de los ciudadanos afectados y por el portavoz del PP, les ha sido denegados”.
Asimismo, este colectivo europeo advierte al alto cargo del Ministerio de que el “proyecto de paseo maritimo y demoliciones de Cho Vito ha sido financiado con fondos Europeos sin que se haya declarado de interés general por el Consejo de Ministros al ser una obra cuyo promotor es la Administración General del Estado y sin que se haya realizado el preceptivo estudio de impacto ambiental, tal y como ordenan la directivas europeas”. También ve irregular que “el citado proyecto no ha salido a concurso público, ni se han pedido todas las autorizaciones necesaria ni se han pagado las tasas obligatorias que las demás las Administraciones tienen derecho a percibir y el promotor del proyecto está obligado a pagar, como son las correspondientes al Departamento de Minas del Ministerio de Industria y Turismo, etc…”. Por tanto, los afectados europeos por la Ley de Costas previenen al secretario de Estado que, “siendo obligatorio cada uno de los trámites antes citados, llevar a cabo el derribo de las nueve viviendas de Cho Vito puede ser constitutivo de un supuesto delito medioambiental, de fraude fiscal y de fondos europeos”.
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