EFE | Santa Cruz de Tenerife
El comité de empresa de Gesplan ha demandado este lunes a la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anule el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado en esta empresa pública del Gobierno canario, que supuso el despido de 24 trabajadores.
Durante el juicio celebrado esta mañana, la abogada Isabel Lecuona, representante de la parte denunciante, el Sindicato de Empleados Públicos Sepca, ha pedido que se deje sin efecto ese despido colectivo, por considerar que “no hay una causa real para plantear con base” la iniciativa de los directivos de Gesplan.
Lecuona ha acusado a esta empresa pública de pretender tener “una plantilla flexibilizada sustituyendo a sus trabajadores por otros autónomos” y de aducir razones que “no son ciertas” para justificar los despidos, al argumentarlos a partir de una previsión de pérdidas basada, a su juicio, en “datos absolutamente parciales”.
Frente a sus reclamaciones, el letrado de Gesplan, José Losada, ha solicitado dictar “una sentencia íntegramente desestimatoria” de la demanda promovida por Sepca y ha justificado su petición en la cifra de negocios decreciente de la sociedad, que ha expuesto que se redujo un 53 % entre 2008 y 2011, pasando de 40 a 19 millones de euros, y que se prevé que disminuya un 22 % más en este año, hasta situarse en el entorno de los 14 millones de euros.
Para sustentar su argumentación, Losada ha llamado a declarar como perito al auditor de cuentas Miguel Ángel Curbelo, responsable de revisar las cuentas de Gesplan en los cinco ejercicios anteriores a 2012, quien ha respaldado que las cifras de negocio publicadas por la empresa entre 2008 y 2011 “se corresponden con lo acreditado”. Y ha añadido que, además, ante la petición de hacer un balance previo de las cuentas del año en curso, pudo constatar que, a tenor de los datos facilitados por Gesplan, ha podido verificar que se esperan 4 millones de euros de pérdidas en la sociedad a finales del 2012, si bien matizando que no podía asegurar que eso fuera a ocurrir así al no haberse cerrado aún el ejercicio y no poderse auditar las cifras.
Circunstancia ésta en la que ha basado en buena parte su posición Isabel Lecuona, quien sostiene que Gesplan “no ha cumplido los requisitos legales” exigibles para aplicar un despido colectivo como el puesto en marcha por no haber demostrado la veracidad de esas previsiones negativas.
También, según ha apostillado, porque “no ha existido ni un solo ejercicio económico con pérdidas en la empresa”.
La abogada ha considerado que se trata de “una empresa de capital público que puede perfectamente seguirse manteniendo” sin esos despidos, que ha sostenido que se enmarcan en el contexto del “sangrante espectáculo” de directivos que, a su entender, han aprovechado las últimas reformas laborales para decir “ahora sí” y aligerar sus plantillas aún sin tener motivos para ello.
En especial, según ha dicho, porque los trabajadores habían propuesto medidas alternativas de ahorro, como reducciones de salario y abandono de locales alquilados por la empresa para sustituirlos por otros de su propiedad.
Losada ha rechazado su parecer señalando que medidas como ésas ya se han comenzado a aplicar en cumplimiento de un plan de viabilidad de Gesplan aprobado el pasado mayo, el mismo mes en que se produjo el despido colectivo, pero eran insuficientes para garantizar la supervivencia de la sociedad.
Y ha subrayado que esta empresa, pese a estar “tutelada por dos consejerías” del Gobierno de Canarias, la de Educación y la de Obras Públicas, y trabajar fundamentalmente por encargos o encomiendas del Ejecutivo o de otras administraciones públicas, es una sociedad mercantil, por lo que está “sometida a las reglas del mercado” y puede despedir por una “causa productiva” como la que ha aludido.
En espera de que se emita la sentencia de este juicio, Fátima Gil, portavoz del comité de empresa de Gesplan, ha reclamado que el pronunciamiento judicial “saque a la luz todas las mentiras” en las que, desde su punto de vista, se ha basado el ERE y permita revertir la situación de los despedidos.