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El Consejo de Estado considera inconstitucional el euro por receta

El euro por receta ya funciona en Cataluña. | SERGIO MÉNDEZ

EUROPA PRESS |Madrid

El Consejo de Estado considera que la implantación del pago de un euro por receta es inconstitucional porque “contraviene el orden constitucional de distribución de competencias”. Por ello, el Gobierno insistirá en dialogar con Cataluña, con este impuesto en vigor desde junio, y Madrid, que lo establecerá desde el 1 enero de 2013, para alcanzar un acuerdo y que retiren la medida.

El dictamen, emitido el pasado 21 de junio, señala que “existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad con los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos”, que recoge el euro por receta.

El Consejo considera que la norma contraviene el orden constitucional de distribución de competencias y “excluye el derecho de tanteo reconocido al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a apreciar la existencia de fundamentos suficientes para proceder a su impugnación”.

Además, la resolución añade que esta tasa “puede provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado”.

Por ello, el dictamen recuerda que corresponde al legislador estatal garantizar esa unidad mínima en las condiciones de acceso a los fármacos “con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida y evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud”.

En este sentido, la tasa del euro por receta constituiría “sin duda” una desigualdad entre los beneficiarios de esta prestación. Asimismo, el Consejo cree que las comunidades autónomas “no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública por ser esta un cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal consagrada en la Constitución”.

Así, añade, que “no cabe admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes cuya exacción comporte en última instancia un incremento del coste que los ciudadanos haya de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario”.

Por otra parte, también recuerda que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) prohíbe la doble imposición, que también considera que se produce en este caso, al estimar que “los actos configurados como hecho imponible en la norma catalana quedan comprendidos dentro de la norma del Estado”.

El dictamen, aprobado por mayoría, tuvo tres votos particulares; el de la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, Fernando Ledesma (el exministro con el que empezó su carrera política) y Enrique Alonso. En su voto, estos tres consejeros entienden que “no es suficiente el argumento de que la tasa incida sobre los precios de los medicamentos”, puesto que “toda tasa incide sobre los precios”, como también lo hacen las nuevas tasas sobre la Administración de Justicia.

En este sentido, De la Vega ha firmado un voto particular al dictamen en el que sostiene que “no existen motivos suficientes para pretender la inconstitucionalidad” de la medida.

Sobre este dictamen, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro ya explicó, el pasado martes en el Senado, que el Gobierno cuenta con este informe, que va a utilizar para que Cataluña elimine esta tasa “cuanto antes” y “a partir de ella, no será aplicable en ninguna comunidad autónoma”.

SANIDAD APUESTA POR EL DIÁLOGO ANTES DE LLEGAR AL TC

En esta línea, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha admitido que conocía el informe del Consejo y ha insistido en que el Gobierno “apuesta por el diálogo”, y por ello, ha emplazado a la Generalitat a alcanzar un acuerdo sobre la retirada de esta tasa, antes de diciembre, antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que se servirán del informe del Consejo, que solicitaron para “pedirle opinión” sobre el euro por receta, para “tratar de hacer entender” a Cataluña y Madrid que la medida es inconstitucional y la “necesidad de su modificación” para evitar que se interponga un recurso ante el TC.

La Generalitat ha apelado a la interpretación de su Consejo de Garantías Estatutarias, que el 6 de marzo declaró constitucional la implantación del euro por receta. Por ello, el Ejecutivo catalán ha asegurado que “en caso de diversidad de interpretaciones, atenderá siempre a la interpretación de su consejo. Además, en un comunicado, ha subrayado que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, implantará el cobro de euro por receta porque “es una medida que se puede tomar en el ámbito de nuestras competencias, que va en la dirección de la racionalización del gasto y permite mantener los servicios y no suprimirlos haciendo sostenible el gasto”.

De hecho, ha reconocido, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que ya conocían el dictamen del Consejo de Estado antes de aprobar la medida y ha insistido que la medida no es “recaudatoria” sino “disuasoria” para hacer más “eficiente” el gasto farmacéutico.

Tras recordar que “sigue sin estar recurrido” ante el TC, González ha indicado que el informe del Consejo da una opinión al respecto, con tres votos particulares, “que no están de acuerdo con el dictamen y sí con la tasa”, y que dichos votos son del exministro de Justicia Fernando Ledesma y la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, ambos de un gobierno socialista.

El presidente madrileño ha anunciado que la implantación de esta tasa se ha incluido en el anteproyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas presentado este jueves en el Consejo de Gobierno. No obstante, “estamos dispuestos a hablarlo con el Gobierno y encantados de sentarnos en una comisión”, ha declarado para insistir que “no nos negamos al diálogo ni a una solución que sea la mejor para todos”.