Una vez más, como siempre que ocurre una tragedia, comienza el repugnante espectáculo por parte de empresa organizadora y cargos públicos, de quitarse responsabilidades de encima. Con cuatro jóvenes fallecidas y una gravísimas, la empresa que alquiló al Ayuntamiento el local del Madrid Arena se apresuró, la mañana posterior a la avalancha, a afirmar que había vigilantes de seguridad suficientes para controlar a un regimiento. También dijo que no se había superado el aforo y echó la culpa a desconocidos que arrojaron varios petardos.
Tres días después ya se sabe, porque así lo ha constatado el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, que los jóvenes superaron tres veces la capacidad legalmente permitida del local. ¿Se colaron?, ¿la empresa vendió más entradas de lo que cuenta? A estas alturas da igual. Lo grave es que la policía municipal que vigilaba el exterior del recinto y los guardias de seguridad, que por cierto eran la quinta parte de los que dijo haber contratado la empresa, no hicieron nada. Como nada se hizo para evitar que entraran a mansalva críos de dieciséis años y menores en una fiesta donde, según los testigos, el alcohol pasaba de mano en mano.
La alcaldesa Ana Botella, de la que depende el local del Madrid Arena, se limitó a acercarse al Tanatorio para dar el pésame a las familias. Poco después, ante la dimensión de lo ocurrido, prometió que nunca más se iba a alquilar locales municipales para este tipo de fiestas. A buenas horas mangas verdes.
Su vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, más preocupado por desmentir su amistad con el empresario Miguel Ángel Flores, organizador de la fiesta, quiso quitar toda responsabilidad a la policía municipal por el exceso de aforo.
Villanueva, que aparece muy sonriente en una fotografía junto al citado empresario de la noche, fue a una televisión para decir que solo mantiene con él un “conocimiento” y que no se le ha dado trato de favor. La Delegada del Gobierno, que como el perejil siempre está en todas las salsas, dijo ser buena conocedora de lo sucedido porque su hijo había asistido a la trágica fiesta y le había contado que todo estaba en orden.
Como si los muertos y heridos hubieran sido unos torpes pisoteándose entre ellos.
Menos mal que hay un juez investigando los hechos y que los jóvenes se han puesto a ayudar y están recabando información con el recuento de las entradas para averiguar cuántas se vendieron realmente. De momento, el decano González Armengol no descarta una responsabilidad subsidiaria de la policía municipal por el exceso de aforo que reflejan los videos grabados por los asistentes al evento.
De no existir los teléfonos móviles que grabaron a la multitud que se apiñaba en la sala -según el juez, cuatro personas por metro cuadrado- al juzgado que lleva el caso le resultaría difícil probar lo evidente: era un escenario de altísimo riesgo. Alguien va a tener que hacerse responsable de lo ocurrido por mucho que Ayuntamiento, empresa organizadora, empresa de seguridad y policía municipal tiren balones fuera.