Si bien algunos medios han considerado la XXII Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, celebrada en Cádiz, como una mera foto de familia, en mi opinión, creo que ha servido para persuadir al Presidente Mariano Rajoy sobre la necesidad de una mayor integración económica regional.

A juzgar por lo que me cuentan algunos periodistas asistentes a la Cumbre, Rajoy -quien durante su etapa como ministro se había mostrado escéptico a este tipo de cita, instrumentalizadas en beneficio propio por los gobiernos populistas de la zona- se mostró convencido de que España debe liderar dentro de la UE proyectos multilaterales con América Latina en busca del progreso y el crecimiento económico.

¿Por qué Rajoy toma más en serio ahora a Latinoamérica? No sólo porque su economía real crece a un ritmo medio del 3,2 por ciento este año y que prevé hacerlo al 3,9 por ciento en 2013, sino también por sus oportunidades.

Basta con destacar algunas de las ventajas que Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), le transmitió al mandatario español: los italianos, sobre todo en la región norte, tienen un entramado de pequeñas y medianas empresas (pymes) que están estrechamente vinculadas a las cadenas de producción, innovan constantemente, están internacionalizadas, y se esfuerzan en mantener la reputación y la imagen de marca. Por su parte, las pymes españolas van rezagadas en la expansión a otros mercados y las latinoamericanas están a años luz de tener estas ventajas competitivas. Si de ambos lados del Atlántico colaboran entre sí tienen más posibilidades de alcanzar esas metas más rápidamente.

De hecho, los últimos datos publicados señalan que el 99% de las empresas latinoamericanas son pymes y dan empleo a dos de cada tres personas. Sin embargo, solo aportan el 20% del PIB regional. En América Latina las pymes están desconectadas de los sistemas productivos, del talento universitario y de los mercados; apenas innovan y tienen una baja productividad. Pero además la mayoría de los presidentes latinoamericanos no quieren reconocer que el tema de la innovación no se mueve fundamentalmente en la esfera pública, a diferencia de lo que ocurre en Taiwán, una isla más pequeña que Costa Rica y casi tan poblada como Venezuela, que pasó en poco tiempo de tener una economía agrícola a otra industrial, con la incorporación de avances tecnológicos y de nuevos modelos de negocio aplicados a la industria, y donde la riqueza es fundamentalmente creada por las empresas privadas.

Lo cierto es que la ausencia de verdaderos viveros de innovación empresarial para aumentar la competitividad en sectores estratégicos, empieza a ser inquietante en esta parte del mundo, carente de un marco institucional estable y rígidos mercados laborales, aún fuertemente arbitrados por los poderes estatales.

El crecimiento implica apoyar las economías sobre bases más dinámicas y saneadas para controlar el peligroso contagio de las crisis internacionales, de la cual pocos están exentos.

El problema es que en el fondo son los gobiernos los que se reservan la potestad de manejar los mercados, al decidir cuándo y cómo acelerar un proceso de reformas para crear el entorno propicio a la actividad innovadora, sin importar muchas veces la demora en la puesta en marcha de inversiones privadas y públicas “suficientes en I+D”, así como en la colaboración con entidades científicas y académicas de acreditado prestigio.

A la luz de esta realidad, España, que se enfrenta cada día a la pérdida de credibilidad de su economía, puede jugar, al margen de cualquier intervencionismo, un papel estratégico en una región de enorme potencial que ofrece un mercado de alcance mundial, tras una era en la que los intercambios pasaban sólo por el monopolio de las grandes firmas.

Si Rajoy asistió a esta Cumbre con la idea de conseguir una inyección para su agonizante economía, y además salió convencido de que España tienen mucho que ganar con una mayor integración de América Latina, la cita de Cádiz valió la pena.