EFE | San Sebastián de La Gomera
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (PSOE), ha quintuplicado su patrimonio inmobiliario desde 1998, hasta acumular 2,1 millones de euros, con operaciones en ocasiones “atípicas”, como una permuta con un empresario que le reportó 889.000 euros casi sin coste para él.
Así lo asegura el informe del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil sobre su patrimonio que ha llevado a la juez de Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera a citarlo a declarar hoy, viernes, como imputado en la investigación por presunta corrupción conocida como operación “Telaraña”.
Casimiro Curbelo preside el Cabildo de La Gomera desde 1991 y fue senador por la isla desde 1993 hasta julio del año pasado, cuando renunció a su acta en la Cámara Alta tras haber sido detenido por la Policía en Madrid por un altercado en un local nocturno.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, tiene fecha de febrero de 2012, pero no se unió formalmente a la causa hasta el pasado 7 de noviembre, cuando la instructora del caso decidió incorporarlo a cuatro piezas separadas y llamar a Curbelo a declarar.
La Guardia Civil examina en ese trabajo por encargo de la propia juez cuál ha sido la evolución del patrimonio del presidente del Cabildo de La Gomera desde 1998 hasta la actualidad y llega a la conclusión de que ha pasado de poseer bienes inmobiliarios por valor de 364.000 euros a acumular propiedades por unos 2,1 millones.
La Unidad de Delitos Urbanísticos de Santa Cruz de Tenerife detalla que, en 1998, Curbelo poseía una vivienda, un local comercial, tres garajes, un trastero y una participación de una séptima parte, por herencia, sobre cuatro fincas situadas en una zona de San Sebastián de La Gomera llamada “Lameros del Barranco”.
Sin embargo, al final de ese período, la Guardia Civil le atribuye la propiedad -a título propio o en bienes escriturados por familiares, pero que considera controlados por él- de siete viviendas en La Gomera, La Laguna (Tenerife) y Villanueva de La Cañada (Madrid), nueve garajes y cuatro locales comerciales.
A esas propiedades se unen 12.999 participaciones, valoradas en 485.394 euros, en Lameros del Barranco SL, una sociedad mercantil propietaria de unos terrenos urbanizables situados en el plan parcial del mismo nombre, en la villa de San Sebastián de La Gomera.
Además, durante ese período, recibió ingresos “no justificados” mediante imposiciones bancarias en efectivo por 96.450 euros.
La Guardia Civil sostiene que parte de ese patrimonio se ha adquirido a precios “irreales”, en operaciones “sospechosas” o con ingresos que no encuentran justificación con las retribuciones que recibía Curbelo en ese período, en el que cobró entre 88.548 y 111.603 euros anuales, fundamentalmente por sus cargos en el Senado, el Cabildo de La Gomera y organismos públicos de Canarias.
El informe se detiene en especial en una operación de 2004 por la que dos sociedades del también imputado Antonio Manuel Pérez (Edificio Tania SL y Tecina SL) entregan todas las participaciones de la empresa Chewy West SL a una sociedad de Casimiro Curbelo (Argamul Gomera SL) a cambio de 166 participaciones de Estudio Gomera SL de las que era titular, supuestamente, Argamul Gomera.
La Guardia Civil resalta que, en esa operación, Curbelo pagó a Pérez con unas participaciones que ya era de éste último, por sentencia judicial, y recibió a cambio una sociedad con un patrimonio de 889.000 euros (dos viviendas, tres locales comerciales y una participación de 485.394 euros en Lameros del Barranco SL).
De hecho, sostiene que esa permuta de bienes “no es más que una técnica para enmascarar una transmisión de bienes a favor de Casimiro Curbelo, revistiéndola de legalidad”, con un resultado que le permitió adquirir, a través de Argamul, “la totalidad de Chewy West SL y sus bienes inmuebles y participaciones sin que supusiera ningún coste” al presidente del Cabildo.
Durante la instrucción caso, el imputado Antonio Pérez relató a Efe que había denunciado ante la Guardia Civil que entregó todas esas propiedades a Curbelo porque temió “perderlo todo” cuando el Cabildo inició un proceso para declarar zona verde los terrenos urbanos que había adquirido en esa zona y que, gracias a ello, la posible zona verde quedó “dormida en los cajones”.
“Me pide una serie de propiedades para dejármelo tal como estaba anteriormente. El acuerdo consistió en constituir una sociedad y en meter en ella una serie de propiedades”, apuntó Pérez, que sostiene haber dado a Curbelo en esa permuta derechos sobre terrenos en esa zona por valor de 2,5 millones de euros a precio de mercado.
La Guardia Civil también sospecha de una operación de 2002 por la que Pérez vendió a Curbelo dos viviendas, cuatro garajes y tres trasteros en el edificio Mango de San Sebastián de La Gomera valoradas en 344.872 euros, pero por los que el presidente del Cabildo solo pagó, en realidad 24.000 euros, según sus indagaciones.
El informe también considera “sospechosa”, y recomienda investigarla, la vinculación de Curbelo con el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, y “uno de los principales empresarios de la isla, Urbano Herrera, como socios “a partes iguales” en la mercantil dedicada a operaciones inmobiliarias Inversiones Galga SL.
También aconseja indagar por qué el presidente del Cabildo está autorizado en una cuenta de la empresa Perforaciones Rafael SL, que ha sido adjudicataria de obras públicas.