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Enroque en Arona – Por Francisco Pomares

La situación del Ayuntamiento de Arona, con el alcalde y su grupo decididos a incumplir la sentencia que lo inhabilita para el ejercicio del cargo, comienza a ser insostenible: un pleno extraordinario decidió el pasado martes, amparándose en dos informes encargados ad hoc y pagados con fondos municipales, que Berto González puede seguir desempeñando su cargo, mientras que no sea firme la sentencia que lo inhabilitó por prevaricación continuada. Tal interpretación choca frontalmente con la realizada por la secretaría del ayuntamiento y por la Junta Electoral. De hecho, los nuevos informes fueron encargados como respuesta a los escritos cursados por la Secretaría y la Junta Electoral, que insisten en el carácter vinculante de la Ley Orgánica de Régimen General Electoral. Esa ley establece que los cargos públicos deben cesar cuando sean condenados por delitos contra la Administración del Estado y la condena -aún no siendo firme- conlleve inhabilitación. Si se hubiera cumplido lo que manda la ley, el Ayuntamiento sólo habría podido tomar conocimiento del cese del alcalde por causa ex lege.

La decisión de mantener a Berto en el cargo ha colocado a Arona en un circuito peligroso: los concejales del PP y del PSOE consideran que el pleno que ratifica al alcalde es inválido, y el concejal de Ciudadanos por Arona ha ido más lejos al acusar al resto de los ediles de incurrir en prevaricación y convertirse en cooperadores necesarios para el delito de usurpación de cargo público. El caso de Arona comienza ya a tener proyección nacional, porque los abogados José Pérez Ventura y Felipe Campos han denunciado ante la Fiscalía al alcalde y a los concejales que votaron por su continuidad, mientras que Izquierda Unida ha decidido llevar la disolución del consistorio de Arona al Congreso de los Diputados. En derecho, todo es interpretable, desde luego, pero en este caso estamos ante una situación bastante clara: para encontrar argumentos favorables a su continuidad, Berto González ha tenido que contratar asesoramiento privado. Y estamos hablando de un alcalde condenado por tráfico de influencias y por enchufar a amiguetes, no de un tipo que se equivocó al firmar un documento. Berto González debería ser obligado por los suyos a dimitir. Sería sustituido por alguien de su propio partido, y contaría con la legitimidad para defenderse autónomamente ante los tribunales. Si finalmente la sentencia no es firme, podría seguir en política, porque parece que en su pueblo cuenta con apoyo. Sin embargo, Coalición Canaria hasta ahora ha apoyado al alcalde, colocando al ayuntamiento en la tesitura de una intervención que puede suponer su disolución.