EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha destacado este lunes que el Gobierno de Canarias tiene el propósito de elaborar y aprobar un proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y ha anunciado la próxima puesta en funcionamiento de un sitio web específico con datos e información relevante de toda la administración canaria.
Así lo ha indicado en Santa Cruz de Tenerife durante la inauguración de la jornada ‘Innovaciones en la Ley de Transparencia, acceso a la Información y Buen Gobierno’, organizada por el Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP) en el marco de un programa formativo elaborado para impulsar las líneas de actuación contempladas en la Estrategia para la Modernización de la Administración Pública de Canarias (Pemac), que tiene como objetivos mejorar la calidad en la prestación de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, aumentar la eficacia de la acción de gobierno y optimizar los recursos públicos.
El objetivo de esta jornada, ha detallado el consejero, es analizar las características fundamentales del proceso de ‘Gobierno abierto’ desde el punto de vista político, económico y social, y estudiar sus fundamentos jurídicos y tecnológicos.
Hernández Spínola ha recalcado que la doctrina política de ‘Gobierno abierto’ tiene como común denominador mejorar los niveles de transparencia mediante la apertura de datos públicos y la reutilización de la información del sector público.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Asimismo, pretende facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas y favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas y entre éstas y la sociedad civil y el sector privad.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad ha afirmado, asimismo, que los esfuerzos en esta materia se enmarcan en el propósito de fortalecer los sistemas democráticos, incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, potenciar la participación y el compromiso cívico, y mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los gobiernos y sus aparatos administrativos.