DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno regional quiso dejar patente ayer su defensa del Consejo Económico y Social (CES) como un “instrumento fundamental de participación institucional”, importancia que, en palabras de la consejera de Empleo, “se visualiza más si cabe en este momento de crisis económica”.

Margarita Ramos (PSOE) salía así al paso de las dudas expresadas en privado por las patronales canarias, en paralelo al proceso emprendido por el PP para la supresión de este órgano en las comunidades autónomas donde gobierna.

En declaraciones de DIARIO DE AVISOS, Ramos resaltó que el CES se convierte en “portavoz de los intereses de los agentes económicos y sociales” cuando el Gobierno de Canarias adopta “decisiones legislativas con repercusiones económicas y sociolaborales”. Por lo tanto, añadió, “hace partícipe al Ejecutivo de apreciaciones y valoraciones que contribuyen a orientar sus políticas”.

A juicio de la consejera, lejos de caer “en saco roto”, las opiniones del CES “son tomadas en cuenta por principio siempre que se acometen medidas legislativas que afectan a la economía, al desarrollo económico, al empleo y al bienestar social”.

Ramos recordó que, además de empresarios y sindicatos, en el Consejo Económico y Social también están representadas las asociaciones de consumidores y las cámaras de comercio. “Todos ellos articulan su participación a través de los informes que emiten cuando hay procedimiento de legislación en marcha”.

La responsable de Empleo, Industria y Comercio puntualizó que el “diálogo directo” se ejerce en el marco del Consejo Asesor de la Presidencia, que “funciona para facilitar la negociación sobre cuestiones concretas relacionadas con el tejido económico y la realidad social y laboral de Canarias”.

Desde UGT, su secretario general regional y miembro del CES, Gustavo Santana, reprocha a la CEOE que se escude en la crisis económica como “pretexto para obviar el diálogo social”.