T. F. / AGENCIAS | Santa Cruz de Tenerife / Madrid
Se aplaza la entrada en vigor de la polémica ley de tasas judiciales, prevista para hoy. A pesar de contar con la única defensa del Gobierno y una apabullante oposición, no ya de los partidos de la oposición y sindicatos, sino también de las asociaciones de consumidores y, lo que que es más importante, la unión de abogados, fiscales y jueces, el Ministerio de Justicia se ha topado con un enemigo al parecer insuperable: la chapuza.
Porque la ley de tasas se aplaza “unos días o unas semanas”, tal y como adelantó anoche abc.es, porque falló la previsión y los formularios de pago no han llegado a los juzgados, tal y como reconoció el propio subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo.
Aunque alguno se extrañará de que, en pleno siglo XXI, el papel siga jugando un papel tan determinante, la administración de Justicia en España se caracteriza precisamente por sus carencias a la hora de adaptarse a la revolución tecnológica.
Sea como fuere, el motivo de tanta oposición a este proyecto del departamento que lidera Alberto Ruiz-Gallardón se debe a que, según sus críticos, crea una justicia para ricos y otra para pobres.
Cabe recordar que tales tasas, cuyo objetivo es descongestionar los juzgados según sus promotores, imponen como fijos a la hora de imponer recursos cantidades que oscilan desde los 100 hasta los 700 euros. Además, la tasa variable, que depende de la cuantía de la indemnización solicitada, puede llegar a multiplicar varias veces tales cantidades. Eso sí, la jurisdicción penal está exenta de la nueva normativa.
Para el Ministerio, la nueva ley permitirá además contar con unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita.
OFENSIVA
Y si el PSOE ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para revocar esta ley de tasas, idéntico camino pretenden recorrer el Consejo General de la Abogacía (CGAE) y las asociaciones de jueces y fiscales, que en una histórica conjunción de tales estamentos también aúnan esfuerzos “para conseguir un Pacto de Estado por la Justicia y lograr que se declare la inconstitucionalidad de las nuevas tasas”, según detalla la agencia Europa Press.
Así lo expresaron después de haber mantenido el pasado martes un encuentro el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, y la Comisión Interasociativa, que agrupa a las asociaciones de jueces y fiscales.
Estos colectivos manifestaron su voluntad de trabajar, “bajo el concepto de unidad de acción”, con el “firme” compromiso de colaborar para mejorar la situación de la Justicia y prestar un mejor servicio al ciudadano.
Ahora, la chapuza da tiempo a una posible negociación que, en principio, no está prevista.