Los sindicatos CC.OO. y UGT han convocado para mañana, con el respaldo de otras organizaciones sindicales y sociales, una huelga general enmarcada en el llamamiento de la Confederación Europea de Sindicatos para la realización de un día de protesta -huelgas generales en España y Portugal y paros, concentraciones y otros actos en una decena de países del viejo continente- contra las políticas de austeridad y ajuste impuestas tras la crisis económica. Ni el sindicato mayoritario en la función pública, CSIF, ni el nacionalista vasco ELA se sumarán a esta jornada de lucha, en la que, de nuevo, el cumplimiento o no de los servicios mínimos, sobre todo en el transporte, y del libre ejercicio del derecho a acudir al trabajo de quienes no quieran holgar, determinarán la suerte de una convocatoria de marcado carácter político.

Son -somos- muchos los que estamos de acuerdo con el fondo de la protesta y con la defensa de los intereses de los trabajadores y de los más débiles de la sociedad. Pero también son -somos- muchos los que, compartiendo el sentimiento de malestar contra la política del Gobierno y su recorte de derechos de todo tipo, consideramos que una huelga general no es el mejor medio para combatir las decisiones oficiales. Porque es muy alto el precio a pagar, más aún en tiempos de crisis -entre 3.500 y 5.000 millones de euros por el cese de la actividad laboral y la prestación de servicios-.

Porque la confrontación que produce toda huelga política inevitablemente divide, para mal, a la sociedad y ataca los intereses generales. Y, sobre todo, porque, como se ha demostrado en Italia y Grecia, el Gobierno no va a modificar sus proyectos económicos, a menos que se pretenda el suicidio del país. No hay varitas mágicas para salir de la crisis en un santiamén, ni el Ejecutivo puede arbitrar medidas distintas de las que hoy le imponen las organizaciones internacionales y los mercados. El derecho de huelga, que se rige por normas del año 77, parece en esta ocasión más cosa de los sindicatos que de los empleados en general. Ese derecho nació como instrumento de presión de los trabajadores para contener los abusos de los empresarios, no para tratar de echar abajo los compromisos de un Gobierno legítimo a los once meses de su llegada al poder.

No discuto la inequívoca legalidad del paro general aunque sí -insisto- la oportunidad de una medida con ese alcance que, por ende, olvida de nuevo a los parados y deja en evidencia a los sindicatos ante el abismo del rescate. Para mayor despropósito, se pretende un absentismo general en la compra de todo tipo de productos justamente cuando más necesario es el aumento del consumo y de las ventas en el sector del comercio.