La sociedad española está viendo saboteada su dignidad por el butrón desangelado que ha abierto silenciosa, pero fulminantemente el Gobierno en lo más intrínseco de su equilibrio. De la música navideña que suavizaba los ánimos de la población en las fechas navideñas del pasado año, se ha pasado a los martillazos ignominiosos y los turbios pasos del Sr. Rajoy con su política de reformas insolidarias y malsanas a la ciudadanía. Un oscuro panorama que acredita a la clase política española como una de las peores del continente europeo; postulada en viejas ideologías que en nada ayudan al crecimiento del país ni a suavizar la deprimida economía de los ciudadanos; mientras los estudiantes se ven abocados a desaprovechar su potencial académico por falta de recursos y herramientas de formación no solo adecuadas, sino necesarias de un futuro inmediato, las esperanzas remotas que el ciudadano volcó sobre el PP se han venido abajo volviéndose en su contra.
España, un país que figuraba como icono y ejemplo en el que mirarse del resto de naciones -mundo- por lograr un desarrollo humano envidiable, ve ahora África cada vez más cerca ante la decadencia y debacle social en la que está inmersa por el fiasco de sus políticos. El agujero abierto por las entidades bancarias y financieras durante los últimos años y que han dado lugar al aceleramiento desenfrenado de la crisis económica que asola el país, es la sociedad la obligada a taponarlo con urgencia -rescatarlo- con una avalancha de recortes, ajustes y tributos descompensados para sus posibilidades e insolidarios por el Gobierno, que se muestra obcecado en lograr un déficit a final del presente ejercicio totalmente inasumible por mucho que exprima los bolsillos del contribuyente.
De nada parece haber servido la intervención por parte del Estado de entidades como Bankia, la brecha sigue absorbiendo el dinero prestado para sanear su mala praxis y la psicobsesión con los desahucios solo valdrán para llevar a la ruina total al colectivo de familias afectadas por sus procederes; una interacción que deja el camino libre a la lapidación automática de aquellos que sufran el agravio del desalojo, sin medidas alternativas que logren frenar a tiempo la separación total de una nueva inserción a la sociedad, cayendo en manos de la miseria.
Esa es la España que está generando el Gobierno, la que los ciudadanos no merecen por sus años de lucha a favor de la igualdad social ante el cariz que ha adoptado el poder político, que está basando en la opresión su afán de lograr los compromisos con Europa, a costa de los derechos básicos y legítimos de los españoles del siglo XXI no de sus antepasados de los años cuarenta. Trabajo Sr. Presidente, es la voz que se oye en todos los rincones, conversaciones y puertas del Congreso, que claman posibilidades de supervivencia a los desahucios, al hambre y a la falta de recursos -educación, dependencia, ayudas sociales básicas-, permitiendo que los culpables de esta situación no paguen sus consecuencias -clase política, bancos- y cargando sobre la espalda del contribuyente el peso de esta crisis.
Leyes que se han creado a los golpes sinsentido de una Administración empeñada en otras causas; como la amnistía fiscal basada en el mendigaje a la clase adinerada con una forma intolerable de un Gobierno digno; bien se sabe los caminos del capital sumergido por los medios de que dispone la Administración y la Agencia Tributaria. Lograr liquidez para las arcas del Estado no está en el casi ficticio poder adquisitivo de un inmueble por parte del contribuyente sin deducción posible, ni ese hipotético premio de lotería y por supuesto menos aún, en los planes de pensiones objeto de ser perceptibles de quedar sin desgravación en el IRPF -según gestores profesionales privados e inspectores de la administración-, que de llevarse a cabo solo lograrán crear un ahorro sumergido en lugar de un derecho reconocido y objeto de su creación.
Una Agencia Tributaria que debería -si quisiera- trabajar a destajo para sacar a flote el capital defraudado, no el 10% como han pactado por ley, sino en los plazos y recargos convenientes como a cualquier trabajador por cuenta propia o ajena, sin excepción por distinción de clases. Un Gobierno que está obligado a sacar los trapos sucios a la palestra, sin incurrir en el error de poner el pasquín en busca del ciudadano normal y poner la mano para recoger la limosna a aquellos que llevan defraudando a la ciudadanía muchos años sin castigo.
El Estado, como interventor de algunas entidades bancarias -Bankia- tiene la obligación de aliviar el lastre económico de los ciudadanos agraviados, sacar de la precariedad aquellas familias en riesgo de pobreza o indigencia; llevar a cabo una política honrada y leal con las necesidades de los ciudadanos y utilizar el vigor de su opresión a la sociedad en adquirir medidas de peso que creen métodos alternativos al desahucio indigno.
España no puede seguir siendo el cuerno de Europa, ni sus habitantes resistir la alocada carrera del Gobierno para llegar al déficit prometido a las autoridades europeas; la fidelidad perdida a consecuencia de sus acciones no puede ser un suma y sigue constante de ajustes y reformas que expriman hasta la saciedad al ciudadano, con el peligro de llegar a unas desigualdades sociales que serán perjudiciales para el crecimiento económico y la salida de la crisis del país en cuestión.