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Jueces y fiscales, a la calle en pos de una reforma total

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

El poderoso grupo de presión que acarrea la unidad de acción entre todas las asociaciones profesionales de los jueces y fiscales inicia hoy una serie de protestas en pos de una reforma total en la Administración de Justicia en España.

Dichas acciones, que a las 12 y media de la mañana de hoy se plasmarán en una protesta frente a la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife (avenida de Tres de Mayo), tienen como objetivo la difusión de sus propuestas, resumidas en un ambicioso decálogo cuyo cumplimiento supondría una enorme transformación del panorama actual.

El decálogo, que se expone a continuación, exige en resumen un refuerzo del estatus de jueces y fiscales junto a una apreciable modernización de la Administración de Justicia.

No a la reforma del LOPJ: Para jueces y fiscales, el proyecto estrella del ministerio que dirige Ruiz-Gallardón “perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica”.

El CGPJ está bien como está: En todo caso, solicitan potenciar su Consejo Fiscal. El Ministerio ya abandonó su idea original de variar sustancialmente su sistema de conformación.

Autonomía presupuestaria: Tanto para el Consejo como para la Fiscalía General “para garantizar su independencia”.

Más jueces y fiscales: Convocatorias anuales con un mínimo de 250 plazas “hasta alcanzar los parámetros medios europeos”, hoy por hoy lejanos.

Justicia profesional: Para “acabar con la Justicia interina”.

Carga de trabajo: Aspiran a una solución final al determinar la carga máxima y, desde que se sobrepase, se convoquen automáticamente nuevas plazas”.

Organización: Al fin están de acuerdo con el ministerio. también jueces y fiscales exigen agrupar “unidades judiciales en grandes ciudades” al entender que “el actual modelo es ineficaz sin la modernización tecnológica e informática uniforme para todo el Estado”.

Inversión: Jueces y fiscales exigen “medidas para paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los juzgados y las fiscalías debido a la ausencia absoluta de medios personales y materiales”.

El Estatuto: Piden una regulación específica acorde con “la especialidad de la función” así como que “la retribución económica debe ser adecuada a la responsabilidad”.

Tasas judiciales: Por último, jueces y fiscales también entienden que la propuesta gubernamental es “claramente desproporcionada” y exigen su moderación.

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El PP y las tasas

A pesar de la extraordinaria oposición despertada, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el PP volvieron a defender ayer las tasas judiciales, que según la Agencia Tributaria serán efectivas antes de fin de año, frente a la oposición del resto de partidos y del sector afectado, representado por el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner. Ruiz-Gallardón defendió ayer la constitucionalidad del aumento de las tasas judiciales y los beneficios que supondrá para la justicia gratuita frente a las críticas de quienes, dijo, quieren mantener “el antiguo régimen”. El ministro aseguró que, pese a las críticas recibidas, el Ejecutivo va a cumplir su compromiso de hacer de la Justicia un servicio más eficiente que ayude a aumentar la competitividad.

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