T. F. / EFE | Santa Cruz de Tenerife/ Madrid
Jueces y fiscales de ciudades de toda España se manifestaron ayer contra las nuevas tasas judiciales y contra la reforma de la Justicia planteada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, en una protesta colectiva que tuvo su reflejo en las dos capitales canarias.
Mientras en Santa Cruz de Tenerife la masiva asistencia convocatoria resultó un éxito que ofreció una imagen nada usual frente al Palacio de Justicia, el acto en Las Palmas de Gran Canaria degeneró en cortes de tráfico en la avenida Marítima durante unos cinco minutos al coincidir con las protestas, ya habituales todos los viernes, de los trabajadores de la Administración de Justicia.
Para forzar la marcha de Ruiz- Gallardón, jueces y fiscales ya valoran la posibilidad de ejercer su derecho a la huelga, según explicaron los distintos portavoces en las ciudades.
Aunque la entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales -retrasada en la práctica por una imprevisión gubernamental- está en el imaginario colectivo como desencadenante de estas protestas, lo cierto es que jueces y fiscales defienden un decálogo de medidas que abarcan desde su rechazo a varias propuestas de Gallardón a otras medidas de mejora que sin duda transformarían la Justicia española.
Fue precisamente una propuesta de Ruiz-Gallardón la que provocó la unión de todas las asociaciones de jueces y fiscales, que ya han contactado con el Consejo General del Consejo de la Abogacía al objeto de establecer un frente común que desemboque en un pacto de Estado.
RESPALDO UNÁNIME
No en balde, ayer fueron muchos los abogados que tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria se sumaron a la protesta de jueces y fiscales, que en la capital provincial contó como portavoz al magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia provincial, Joaquín Astor Landete.
Precisamente, al ser cuestionado acerca de la ley de tasas, Astor Landete expresó sus dudas acerca de la posible inconstitucionalidad de estas, dado que si bien no discute la legalidad de su existencia, sí que discrepa de la elevada cuantía recogida en la nueva normativa estatal.
Por lo que respecta a la posibilidad de una huelga, las fechas señaladas en Madrid apuntan al intervalo entre el 10 y el 14 de diciembre.
Cabe recordar a este respecto que los abogados canarios del turno de oficio también han planteado celebrar un paro los días 4 y 10 de diciembre si el Gobierno, en este caso el autonómico, no varía su proyecto de recorte en la remuneración de la Asistencia Jurídica Gratuita.