NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
“Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración del Estado las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren”. Este párrafo de la Ley 22/1998 de Costas en las que se establece la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar es el principal argumento esgrimido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para exigir a la Dirección General de Costas que asuma la ejecución del proyecto de la escollera de San Andrés.
Así reza en el informe elaborado por los servicios jurídicos del Consistorio al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. Ese mismo documento hace constar que la obra en cuestión, al tratarse de una construcción para la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre, y no de una obra portuaria, como se deduce del contenido del proyecto de escollera, su tramitación, aprobación y posterior ejecución sería competencia de la Administración del Estado. Esta argumentación es la misma que, si finalmente se acude a los tribunales, se presentaría para exigir que la Dirección General de Costas se encargue de financiar y ejecutar dicha actuación en el litoral de San Andrés.
El informe jurídico además cita una segunda norma estatal, el Real Decreto 1130/2008 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural, según la cual, compete a la Dirección General de Costas la protección y conservación de los elementos que integran el dominio público marítimo terrestre, en particular, la adecuación sostenible de las playas, sistemas dunares y humedales litorales, así como la redacción, realización, supervisión, control e inspección de estudios, proyectos y obras de defensa.
Para el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, estos argumentos son más que suficientes para dejar claro de quién es la competencia de sacar adelante la escollera, por lo que en el punto actual, solo quiere que, tal y como señala la última parte del informe jurídico, una vez que la Autoridad Portuaria ha decidido seguir adelante con el proyecto, que agilice al máximo el informe de impacto ambiental.