El proyecto de Presupuestos Generales del Estado sigue su camino sin que el Gobierno del Partido Popular muestre el más mínimo interés por corregir su actitud de maltrato al Archipiélago. Esa es la sensación que tenemos en el Cabildo de Tenerife, sobre todo tras la última sesión plenaria, cuando la oposición fue incapaz de esgrimir un solo argumento consistente para sostener su defensa numantina a las cuentas estatales para 2013. Con una actitud muy poco edificante, los consejeros populares se desentendieron de su compromiso con la Isla y sus gentes. Convertidos en guardia pretoriana de Rajoy, rechazaron cualquier intento de subsanar los graves perjuicios que producirán estos presupuestos a Tenerife y Canarias.
Cuatro fueron las mociones que presentamos ante el pleno, todas ellas dirigidas a enmendar un proyecto presupuestario absolutamente lesivo para los intereses de esta tierra, puesto que solo nos traerá mayor retroceso económico, menos empleo y más pobreza. Sin embargo, parece que esto no va con los consejeros del PP en el Cabildo. Abrazados al argumentario impuesto desde Madrid, con toda esa retahíla de justificaciones en torno a la austeridad, el rigor y la reducción del gasto, rehuyeron la defensa de los intereses de sus votantes, los tinerfeños, para dedicarse en exclusiva a la salvaguardia del Gobierno central. Por delante de nuestra gente.
Las mociones aludidas, aprobadas con los votos de Coalición Canaria y el Partido Socialista, se refieren a cuestiones de envergadura. Por ejemplo, el Plan de Empleo de Canarias, cuya dotación dentro de los Presupuestos del Estado se reduce de manera escandalosa: de 42 millones de euros a solo 10 millones. Poco les importa a los consejeros populares que uno de cada tres canarios esté sin trabajo y que cada vez sean más las personas sin prestación de tipo alguno.
Sucede igual con el capítulo referido a la cultura, tanto en lo que tiene que ver con la nula dotación de fondos -o sea, cero euros- para cualquier tipo de programa en la materia, como con la ausencia de financiación para obras como la rehabilitación de la Catedral de La Laguna. De nada ha servido el compromiso de destinar 1,4 millones de euros a este proyecto, que se queda en papel mojado, igual que sucede con las dotaciones para la rehabilitación de viviendas en Las Chumberas o Cuesta Piedra, entre otras. Y tampoco les importa la merma producida en apartados como los servicios sociales, la ayuda a la dependencia, los menores, la discapacidad o los mayores. O el apoyo al transporte en guagua. O el sector turístico, nuestra industria motriz, y la mejora y reforma del litoral.
A todo eso y mucho más se han opuesto los consejeros del PP en el Cabildo, por más que se sienten en el salón de plenos del Palacio Insular como supuestos representantes de los ciudadanos de Tenerife. Luego, incluso, en un intento desesperado por desviar la atención, se quejan de que en la Corporación insular “se les ha faltado al respeto”, cuando son ellos quienes insultan la inteligencia de cualquier ciudadano medio de las Islas. Porque cualquier persona que sepa sumar, restar, dividir o multiplicar comprueba el trato injusto hacia Canarias. Basta con escuchar a un tinerfeño como Pablo Matos, diputado del PP, cuando niega que el Estado maltrate a Canarias, para comprobar lo dicho. ¿Apoyará también quitarle más dinero de los Presupuestos estatales a Canarias para los Parques Nacionales (Timanfaya, La Caldera de Taburiente, Garajonay y El Teide) y dárselos a Cáceres (Extremadura) y Ciudad Real (Castilla-La Mancha), casualmente gobernados por el PP?. Si es así, tanto él como sus colegas diputados y senadores del PP, que lo digan claramente. Sugiero a los representantes tinerfeños del PP, tanto en el Cabildo como en las Cortes Generales, que valoren las declaraciones hechas por sus compañeros en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, las del secretario general de su partido en aquella autonomía, Serafín Castellano, quien antepone la defensa de los intereses de su región a los de su formación política. Resulta muy elocuente su respaldo al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cuando afirmó que había hablado con la vicepresidenta del Gobierno y los ministros para reclamar lo que entiende que le corresponde a su región “desde la compatibilidad de la lealtad y la solidaridad”, apostillando que “lealtad no es lo mismo que sumisión”.
Queda dicho. Tomen ejemplo y defiendan, por encima de todo, los intereses de Tenerife y de toda Canarias. ¿Qué otra cosa se les puede exigir como representantes de esta tierra?
*PRESIDENTE DEL CABILDO DE TENERIFE