Todos los días en nuestro país se produce una media de 500 desahucios; una cifra realmente espeluznante si atendemos a los dramas que se esconden detrás de los fríos números. Mirando al pasado, recurso que deberíamos hacer más a menudo para explicarnos lo que nos está ocurriendo, ya hemos alcanzado la cifra de 350.000 desahuciados desde 2008, justo un año después del inicio, digamos oficial, de la crisis que nos vapulea actualmente.
En Canarias tenemos unos datos demoledores que nos debería hacer reflexionar a todos los responsables políticos, sea cual sea la sigla que represente, sobre qué líneas rojas no podemos cruzar. En nuestra opinión una de estas líneas debe ser la que hace referencia a los desahucios.
En Canarias los desahucios son, igual que en el resto del Estado, un terrible problema. Aquí tenemos una media de 25 al día que encierran tristísimos dramas humanos. Si hablamos de nuestros niños, las víctimas más desprotegidas de la crisis, ya hemos alcanzado el 29% con evidente riesgo de caer en la pobreza. Y si hablamos de suicidios, de lo que se habla muy poco por el estigma social que encierra, es bueno saber que de los nueve que ocurren en nuestro país al día, tres están ligados directamente con la crisis (pobreza, paro y desahucios). Todos los expertos que se enfrentan a este problema coinciden en que se trata de una cuestión legal. En España estamos sujetos a una legislación que viene de 1909 y que ofrece pocas salidas a los ciudadanos. Sin que haya trascendido demasiado estamos empezando a conocer a través de la prensa que se está librando una dura batalla en los juzgados, en los que un buen número de magistrados están plantándole cara a los bancos a los que acusan de enriquecimiento injusto, abuso del derecho e incluso de usura. En estos últimos días también hemos sabido que el Gobierno y el PSOE han pactado una reforma contra este tipo de desahucios en la que se contemplan cambios legales de tal manera que familias con hijos a su cargo y personas mayores no puedan ser desahuciadas sin más.
A la espera de ver el resultado final de esta iniciativa, que espero sume a otras fuerzas políticas y colectivos sociales pioneros en la defensa de los desahuciados, aquí en casa hemos podido ver con bastante esperanza la reacción del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ante los evidentes abusos de los directivos de Bankia, que ni siquiera se ha dignado responder las cartas del ayuntamiento interesándose por el estado de una vecina desahuciada.
En el grupo de CC del Cabildo de Tenerife compartimos la opinión de que mientras dure la crisis actual, los jueces deberían poder aplazar o suspender el desahucio de quines no pueden seguir pagando su hipoteca por estar sin trabajo.
Este planteamiento no es novedoso, ya que es similar a una de las propuestas, entre otras de carácter técnico, que han sido presentadas al Consejo General del Poder Judicial por un grupo de magistrados. No se trata de no pagar las deudas contraídas, se trata de poder pagarlas en unas circunstancias humanas, ajenas a la crueldad y el dispárate inhumano que supone que te quiten tu casa y especulen con ella los mismos bancos que te concedieron la hipoteca.