DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife
Sí se puede presentará al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una moción en la que se propone salvar los pueblos de Anaga afectados por la Ley de Costas. Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en Santa Cruz, señala en la moción que su propósito es equiparar los asentamientos rurales a los suelos urbanos existentes antes del año 1988, de tal manera que no se les aplique la servidumbre de protección de los 100 metros establecido por la ley, medida que deja las viviendas de estos pueblos fuera de ordenación.
La organización de izquierdas ha mostrado su preocupación porque el actual proyecto de ley de modificación de la Ley de Costas no incluye la reducción a 20 metros de la servidumbre de protección para los asentamientos rurales existentes, dejando intacta la redacción original de la Ley de Costas. Arcila recuerda que, tras los recientes pronunciamientos judiciales, en los pueblos de Igueste, Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas, más de 200 viviendas se encuentran fuera de ordenación.
SUELO RESIDENCIAL
La situación se agrava por la imposibilidad, en varios de estos pueblos, de contemplar suelo residencial para atender el crecimiento natural de las poblaciones locales, debido fundamentalmente a las limitaciones de uso residencial que impone esta servidumbre.
El concejal de Sí se puede en el ayuntamiento capitalino califica de “profundamente injustas” estas sentencias, que, a su entender, son producto de una interpretación inflexible de la ley y que dejan desprotegidos a muchos vecinos.
La moción de Sí se puede propone la modificación de una disposición transitoria de la ley, de tal manera que se reconozca que el ancho de la servidumbre de protección de los asentamientos rurales sea de 20 de metros, “tal y como han demandado los vecinos de Anaga desde hace varias décadas”, subraya Fernández Arcila.
Como elemento más original de la moción, se incluye una solicitud para que el alcalde se reúna con todos los diputados y senadores canarios para exponerles la problemática de los pueblos de Anaga y para encomendarles que hagan causa común para acordar la modificación del proyecto de ley. “Se trata de que todos los representantes políticos canarios sean una piña para defender a nuestros conciudadanos”, concluye Arcila.