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La nueva tasa judicial – Mario Santana

En el BOE del pasado miércoles se publicó la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que, entre otras cosas, se aprobaba la nueva tasa judicial. Conforme a su disposición final séptima, la ley entró en vigor el día siguiente, es decir, el jueves. Normalmente las leyes entran en vigor a los veinte días de su publicación, salvo que razones de urgencia aconsejen una rápida aplicación. Es obvio que en este caso el Gobierno entendió que cobrar por los juicios era algo de extrema urgencia. Pero las prisas son malas consejeras. La tasa judicial no se paga de cualquier forma, sino mediante el correspondiente impreso debidamente habilitado al efecto y aprobado por Hacienda. Y se les olvidó el detalle. La consecuencia es que el mismo miércoles día 21 la Secretaría General de la Administración de Justicia dictó la instrucción 5/2012 disponiendo que hasta que no se apruebe el modelo para realizar el pago de la tasa los juzgados no exigirán su pago para dar trámite a los asuntos sometidos a su conocimiento. Por un lado, nos dicen que el pago de la tasa es de obligado e inmediato cumplimiento, y por otro, que no se exigirá hasta que el Ministerio de Economía y Hacienda no apruebe el modelo para su abono. Ganas de volver loco al personal, y de crear una alarma social de todo punto innecesaria. Entrando ya en el aspecto crematístico, sepa que en adelante tendrá que pagar al Estado por pleitear. No solo a su abogado y procurador, y a los contrarios en caso de perder el juicio. También tendrá que pagar la referida tasa. Este gravamen se articula mediante una cantidad fija en atención al pleito a tramitar, más un porcentaje en atención a la cuantía del objeto discutido. Valga un botón de muestra: para reclamar una deuda de 18.000 euros, se pagará la cantidad fija de 200 euros, más 90 euros por aplicación del porcentaje. Pero si pierde el juicio y quiere apelar, entonces prepare el bolsillo, porque la cantidad fija se eleva a 800 euros. Como en las buenas novelas de misterio, el sagaz detective comienza su investigación preguntándose a quién beneficia el crimen. Y claro, en el más beneficiado recaen las sospechas. En el caso que tratamos, el ministro de Justicia dirá dentro de un año que gracias a su política de tasas se ha reducido la litigiosidad. Y no será cierto. Lo que ocurrirá es que habrá menos juicios, pero la litigiosidad será la misma, solo que la gente se peleará en la calle y llegará a malos arreglos con tal de no acudir a ese selecto club de los que pueden pleitear. El moroso, de rositas. Qué pena.

Mario Santana es LETRADO

abogado@mariosantana.es