El proyecto de ley de tasas judiciales aprobado por el Congreso de los Diputados la pasada semana ha logrado soliviantar a jueces, abogados y funcionarios de Justicia. Los jueces ya han anunciado que estudian la posibilidad de convocar un paro nacional, los abogados amenazan con acudir al Constitucional, mientras hacen cuentas de lo que puede encarecerse para sus clientes cualquier gestión, y los funcionarios han asegurado que -en la práctica- las tasas establecidas suponen impedir que alrededor de un tercio de la población española pueda acceder a la Justicia: el proyecto de ley contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, que va desde los 50 a los 750 euros, que habrá que pagar para poder recurrir una resolución en los tribunales. Las tasas se imponen a cualquier persona eximiendo de abonarlas solo las personas físicas cuyos ingresos anuales sean inferiores a 12.780 euros, pero computando no solo los ingresos del interesado, sino los de su unidad familiar, algo que producirá situaciones tan chuscas, como el cómputo conjunto a efectos de tasas de los dos afectados en un caso de divorcio, por ejemplo.

La mayoría de los juristas consideran que el proyecto es contrario a la Constitución. Pero al Gobierno eso parece de momento importarle una higa. Dicen que de lo que se trata es de reducir la litigiosidad, como paso previo para empequeñecer la Justicia, que se ha convertido en una maquinaria ineficaz y muy costosa. Pero no es cierto que ese sea el único objetivo de la medida: al final, lo que cada vez resulta más evidente es que el caminar de la perrita nos lleva en la dirección de acabar pagando directamente por todos los servicios que nos preste el Estado. Y digo directamente porque el hecho cierto es que ya pagamos esos servicios a través de los impuestos. Ni la Justicia, ni la Sanidad, ni la Educación son gratis. Pagamos por ellas. Y pagamos muchísimo, un poco más quienes más tienen. Lo que cambia con este sistema que se va imponiendo ahora es que -además de lo que nos cuesta ya- habrá que pagar otro tanto de forma individual, y ahí pagaremos todos la misma cantidad si recibimos el mismo servicio, independientemente de lo que cada uno tenga o gane. Y eso es un retroceso. Implica aumentar la carga fiscal en la mayoría de personas con recursos más bajos, mientras se disminuye en los que más tienen. Ese es el modelo que se va imponiendo en el país. Un modelo que nos hace retroceder a cincuenta años atrás, cuando la justicia, la sanidad y la educación era solo para quienes se la podían costear. No es cierto que la crisis nos afecte a todos por igual. Cuando pase, y acabará -pasando- quienes menos tienen estarán mucho peor que antes en relación con quienes tienen más.