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Pacto> Por Alfonso González Jerez

Recuerdo a una parienta que vaciaba los pollos con una prodigiosa arte cisoria. Cuatro cortes fulminantes y en unos segundos el pollo quedaba vaciado: sospecho que ni el animal se hubiera dado cuenta de estar vivo. Es lo que ocurre actualmente con los derechos constitucionales: el Gobierno del PP, apoyado por su mayoría absoluta en las Cortes, está eviscerando el pollo constitucional con cuatro finos machetazos y, si es posible, por el procedimiento de urgencia. Contra la opinión generalizada de los bienpensantes, no creo que lo hagan por ser particularmente malvados, no. Estas decisiones con el complejo precipitado de convicciones ideológicas, posiciones morales, una cultura política ademocrática, un desesperado afán recaudatorio y cierta ilimitada confianza en la estupidez, hija del miedo, de la debilitada mesocracia española.

El Partido Popular tiene un núcleo duro de votantes similar, en su día, al que tuvo el PSOE de los años noventa: funcionarios, comerciantes, pequeños empresarios y modestos propietarios que se beneficiaron del boom de la construcción. Para la gran mayoría de esta gente la Constitución es una entelequia que le interesa poco o nada: reclaman orden, mano dura, populismo antidemocrático, el fin de los subsidios, el desprecio militante contra los pobres petitorios, los desempleados gandules y los sindicatos mafiosos. Son gente que saliva de satisfacción (y aun pide más caña) mientras ven a otros más jodidos que ellos. Y son millones de personas en este país. Este colectivo de ciudadanos se han visto afectados, obviamente, por los recortes presupuestarios y las subidas impositivas de Mariano Rajoy y su equipo ministerial, pero porque el Gobierno no ha tenido más remedio: ya les gustaría no sobarles la cara mucho más.

Pero todavía funciona el pacto implícito entre el Ejecutivo y estas clases y grupos socioprofesionales: el primero desarrolla un programa económico que no les afecta medularmente pero que satisface su sensibilidad ideológica y los segundos admiten o ignoran la desarticulación del estado de bienestar y el debilitamiento de garantías constitucionales. Lo último que se ha arrancado ayer de las entrañas constitucionales en la tutela judicial efectiva: ahora habrá que pagar tasas por cualquier recurso, y si no tienes pasta, infeliz, para recurrir tu despido o litigar contra la administración pública, púdrete en tu propia impotencia. Es mucho más grave que pagar un euro por receta médica, pero ya verán ustedes que se comentará mucho menos.