Aunque parezca mentira, partidos políticos y sindicatos son las únicas empresas sin responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus dirigentes. Ahora, por fin, el Gobierno parece decidido a acabar con semejante anomalía.

De haber existido la citada responsabilidad, hace más de 20 años que los partidos políticos españoles podrían haber sido disueltos. ¿O es que no nos acordamos de la financiación ilegal del PSOE mediante las empresas tapadera Filesa y Time-Export en 1990?

Otro tanto cabría decir del Partido Popular, con el caso Naseiro, por aquellas fechas, y que veinte años después se ha reproducido con el desvío de fondos hacia el partido durante los gobiernos de Jaume Matas en las Islas Baleares y Paco Camps en Valencia. Y es que aquí no se salva ni Dios, como decían los versos de Blas de Otero.

La sombra de la corrupción persigue desde el PNV hasta el Partido Nacionalista Gallego, incluyendo a los sindicatos. ¿Acaso hemos olvidado el desfalco de UGT a la cooperativa de viviendas PSV entre 1989 y 1993?
Donde la corrupción ha causado más estragos es en Cataluña, desde el caso Filesa al saqueo del Palau de la Música por parte de Félix Millet, pasando por el caso Pallerols, del partido de Durán i Lleida, y la denuncia de Pasqual Maragall de que CiU cobraba el 3% de comisión por las contratas públicas.

Y en un ejemplo máximo de transversalidad e interpartidismo tenemos el caso Bretonia, con la detención de políticos de Convergencia, como Macia Alavedra, y del PSC, como Bartomeu Muñoz. Todo esto, para que luego digan que los políticos son unos vagos. A la hora de hacerse con nuestro dinero, está visto que no.