JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Mercedes tiene 22 años de edad. Inmigrante por necesidad, desde hace un lustro reside en Tenerife. Padece diabetes de tipo 1 desde los 15 años, y hace poco supo que está embarazada. Nada más enterarse de su estado, acudió al centro médico por el alto riesgo que para su salud suponía su embarazo. Sin embargo, por encontrarse en situación administrativa irregular, no la atendieron. De su ambulatorio la remitieron al Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde solicitó un número de afiliación para ser atendida durante la gestación, pero también le fue denegado. “El embarazo es responsabilidad tuya, vete a la medicina privada”, le dijeron.
Después de un largo periplo burocrático, la primera ecografía no se le realizó hasta las 20 semanas de embarazo y solo a raíz de sufrir un accidente de tráfico. El alto riesgo de su estado hizo que tuviera que acudir a urgencias en varias ocasiones, hasta que finalmente decidieron ingresarla. Cuando recibió el alta, el centro sanitario se negó a facilitarle la medicación que requiere. Ante la gravedad de su situación y la falta de ingresos, Médicos del Mundo le ofreció costear el tratamiento durante varios días.
Su historia, relatada por ella misma a la organización humanitaria, ilustra un informe publicado ayer por la entidad, que asegura que Canarias es una de las comunidades autónomas donde más inmigrantes irregulares han sido excluidos sin motivo del sistema (hay al menos una docena de casos documentados solo en la isla de Tenerife) desde que el 1 de septiembre entrase en vigor el Real Decreto de reforma del Sistema Nacional de Salud.
Según el mapa dibujado por Médicos del Mundo, el desconcierto es generalizado, tanto entre el personal sanitario y administrativo como entre los usuarios potencialmente afectados. Derivación de pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona tenía derecho a ella o denegación de asistencia a menores y embarazadas son situaciones comunes. La aplicación de la reforma, además, ha sido muy heterogénea desde el punto de vista territorial, según la organización.
Así, mientras algunos gobiernos regionales empezaron a rechazar a inmigrantes sin papeles en sus sistemas sanitarios meses antes de que entrase en vigor la norma en septiembre, otros se han opuesto a ella, incluso en los tribunales. Se da el caso también de algunas autonomías que han otorgado al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o no urgencia. Existen también diferencias entre las autonomías a la hora de formalizar la aplicación práctica del real decreto. De hecho, solo seis (Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana) han aprobado algún documento con ese fin (circular informativa, instrucción, comunicación o carta a los profesionales sanitarios).
Médicos del Mundo ha detectado una gran diversidad en la aplicación incluso dentro de las mismas comunidades, de tal forma que en cada centro se está aplicando de una forma distinta, según las órdenes implícitas de las gerencias provinciales, de la jefatura de servicio o el criterio del personal administrativo o sanitario que recibe al paciente.
En las Islas, como ha publicado este periódico en varias ocasiones, el nuevo decreto del Gobierno para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario afecta a unos 42.000 inmigrantes que no tienen regularizada su situación. Dicha cifra se obtiene cruzando el padrón municipal (309.674) con el último dato de residentes con certificado de registro o tarjeta de residencia (267.153), que publica cada tres meses la Secretaría de Estado de Inmigración.
[apunte]El SCS insta a atender a quien lo necesite
El Servicio Canario de la Salud recordó ayer en un comunicado que ha dado instrucciones precisas a los centros asistenciales para que en todo momento presten asistencia sanitaria a cualquier persona que lo necesite. “Siguiendo este real decreto, la Comunidad Autónoma de Canarias está atendiendo gratuitamente los siguientes supuestos: urgencias por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa; mujeres durante el embarazo, parto y postparto; menores de 18 años; convenios internacionales; solicitantes de protección internacional y víctimas de trata de seres humanos”, explicaron desde la Consejería de Sanidad.
También se les está prestando la asistencia sanitaria con cargo al Servicio Canario de la Salud si fue requerida antes del 1 de septiembre, siempre que concurra alguna de estas dos circunstancias: si el paciente está incluido en lista de espera o si el proceso que generó la demanda de asistencia sigue abierto. La asistencia se prestará hasta el alta del paciente o el cierre del proceso que motivó la demanda.[/apunte]