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La Policía confirma que en el chalé de Vargas halló vídeos de zoofilia

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

Las declaraciones de los testigos del caso Kárate concluyeron ayer con el testimonio de tres policías ante la sección de la Audiencia de Las Palmas que juzga a los cuatro acusados en este proceso, que se enfrentan a más de 600 años de cárcel por abusos sexuales y corrupción de menores.

Más de un centenar de testigos han declarado ante la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas desde que se iniciara el juicio, el pasado mes de mayo.

Este procedimiento penal, considerado el mayor caso de abusos sexuales que se juzga en el España, por su número de afectados, continuará el próximo día 19 con el inicio de la prueba pericial que se practicará en dos jornadas, ese día y el 4 de diciembre, según anunció ayer el presidente del tribunal, Emilio Moya.

A partir del día 10 de diciembre, las partes comenzarán a presentar sus informes definitivos sobre este caso.

En la jornada de ayer, dos de los policías que tomaron declaración a varios denunciantes explicaron al tribunal que en el chalé de Vargas (Gran Canaria), propiedad del principal acusado, Fernando Torres Baena, se intervinieron consoladores y vídeos de contenido pornográfico y de zoofilia.

Los niños que presuntamente sufrieron abusos se refirieron a la existencia de ese material en sus denuncias, según señaló la policía identificada como la testigo número 173, quien además incidió también en el temor de que infundía sobre ellos la figura de Torres Baena, que ejercía “mucha influencia psicológica” entre los alumnos de su academia. Esta policía, que fue miembro del Servicio de Atención a la Familia, también dijo que no puede olvidar la declaración del menor identificado como el testigo número 3, pues, según refirió, le dijo que “pedía a Dios todos los días para que el caso saliera a la luz”. Además, la testigo número 173 indicó que asistió al registro del chalé de Vargas y que no se dieron instrucciones precisas para que se buscaran restos biológicos.

MATERIAL INFORMÁTICO
Otro de los policías, identificado con el número 177, que analizó el material informático que se intervino, manifestó que el contenido que halló estaba relacionado con la práctica deportiva, salvo unas imágenes que se habían borrado de fotografías de personas desnudas y fumando droga.

La Fiscalía solicita para el principal acusado, el karateca Fernando Torres Baena, una pena de 303 años de prisión por 36 delitos de abuso sexual, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas.

Para la monitora María José González Peña, esposa de Torres Baena, el Ministerio Fiscal demanda 154 años de cárcel por 20 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores. La también monitora Ivonne González Herrera se enfrenta a 146 años de prisión por 19 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores, mientras que el monitor Juan Luis Benítez se expone 18 años de prisión por tres delitos de abusos sexuales.

Cuando arrancó esta vista oral, Juan Luis Benítez ya se encontraba en libertad provisional, mientras que a Ivonne González se le concedió durante la celebración de este procedimiento al entenderlo en buen derecho el tribunal.
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El hijo de Torres Baena niega los abusos
En la sesión celebrada el pasado lunes, un hijo del principal acusado del llamado caso Kárate declaró ante la Audiencia de Las Palmas que nunca vio a su padre y a los otros tres procesados mantener relaciones sexuales con menores, aunque admitió que sí hubo sexo entre alumnos y monitores. El hijo, identificado como el testigo número 141 y que fue profesor de danza en el gimnasio de su padre, señaló que no le consta que esas relaciones fueran obligadas o que las parejas las distribuyeran los acusados. El testigo número 141 indicó que iba con mucha frecuencia al chalé familiar de Vargas, donde los denunciantes aseguran que se producían abusos sexuales, y que incluso llegó a vivir allí entre los años 2002 y 2005. El hijo de Torres Baena detalló durante su declaración que mantuvo una relación muy estrecha con varios testigos que han denunciado ser víctimas de abusos sexuales y que, en su opinión, “mienten porque sienten vergüenza” de admitir las relaciones que mantuvieron con personas de su mismo sexo.[/apunte]