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El PP difiere con su socio PSOE por las competencias de la oposición

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El municipio sigue resistiendo los efectos colaterales de la sublevación de los ediles populares. | MOISÉS PÉREZ

Luis F. Febles | Santa Úrsula

El grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Santa Úrsula (PP-PSOE) no se pone de acuerdo sobre la idoneidad de las nuevas competencias que adquirirá el pleno, sobre todo tras la última sesión en la cual la oposición, con los votos a favor de los seis ediles rebeldes y la Agrupación Independiente de Santa Úrsula (AISU), hizo efectiva su mayoría para restar atribuciones a la junta de gobierno.

Así, la petición de subvenciones o la firma de convenios con otras administraciones públicas y entidades, dejarán de ser potestad de las determinaciones de la alcaldesa, Milagros Pérez, la concejala popular, Tamara Medina y la de su socio socialista, Víctor Hernández.

En este punto, vital para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento norteño, la regidora y el teniente de alcalde tienen diferentes puntos de vista y apreciaciones dispares. Mientras que para la mandataria esta situación “ralentizará el funcionamiento del Consistorio y pondrá en peligro subvenciones y convenios”, para Hernández se trata de “un gesto de salud democrática”. Pese a que su voto no reflejó dicho parecer, el edil tiene claro que no le “desagrada” que gobiernen “todos” aunque considera “que se están convocando demasiados plenos; al igual puede ser una buena idea regir todos juntos”. No obstante, ambos tienen la certeza de que la Administración local tiene futuro y aguantarán “por el bien de los vecinos que son los verdaderos afectados o beneficiados”.

Cabe mencionar que en declaraciones pasadas a este periódico, los ediles sublevados indicaron que el trasvase de poder es “una decisión lógica, coherente y responsable dado que la mayoría está en el pleno ya que el Gobierno municipal solo lo componen tres personas”.

Por último, Pérez puntualizó el supuesto poder de la oposición. “Son cuatro competencias las que asumen y se creen que las van a gestionar”, apostilla.

El próximo pleno del día 29 determinará si los sublevados y AISU echan por tierra propuestas importantes como la nueva ordenanza que regulará las terrazas en el municipio.