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El PP teme que sean los ciudadanos los que paguen “la factura de los ajustes”

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

A falta de conocer el contenido completo del proyecto de ley de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, el principal partido de la oposición ya ha expresado su temor a que sean los ciudadanos los que terminen pagando la factura del recorte de 450 millones de euros, que se suman a los 487 de las cuentas del Estado.

De las pinceladas trazadas el jueves por el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, el PP observa un cuadro preocupante, en la medida en que “no pincha el globo” del gasto público. Con la “debida precaución”, su secretario general regional, Asier Antona, encuentra “muchas interrogantes” en las referencias transmitidas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. “Lo que sabemos es que hasta ahora [el Ejecutivo] ha demostrado escaso interés en aceptar nuestras recomendaciones sobre el adelgazamiento de la Administración autonómica”, declaró ayer Antona a este periódico. En una nota de prensa, la portavoz del PP en la Cámara, María Australia Navarro, expresa sus dudas sobre la voluntad de Paulino Rivero de “desmontar de una vez el chiringuito político”.

En opinión de Asier Antona, existe “margen suficiente para ajustar el volumen de la Administración a la realidad”. Al respecto, desde el PP entienden que “con una operación de maquillaje, de leve reducción de los gastos públicos y políticos, es materialmente imposible producir un ajuste de envergadura”. En este sentido, Australia Navarro subraya que CC y el PSOE “han pasado de ocultar los presupuestos ha engañarnos”.

De momento, lo que ha trascendido es que el presupuesto ascenderá a 6.288,8 millones de euros, un 6,7% menos respecto del de 2012. Los ingresos para sufragar los servicios básicos se elevan a 3.238 millones de euros, mientras que el coste de su prestación alcanzará los 4.300 millones, lo que supone un déficit de financiación superior a los 1.000 millones de euros. Vía impositiva, el Ejecutivo espera recaudar más de 2.700 millones.