Ha venido Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a advertir de los riesgos que corre el efecto protector para las mujeres de la Ley contra la Violencia de Género, en caso de que el Gobierno consume algunas medidas que pretende incluir en la reforma del Código Penal.
Algunos antecedentes de resoluciones judiciales y algunas manifestaciones de cargos públicos han suscitado la preocupación de la magistrada, hasta el punto de que en torno a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sus reflexiones son oportunísimas.
Y es que, en efecto, si las condenas por casos de violencia de género se pudieran saldar con una simple multa, como parece que se intenta establecer, estaríamos ante un preocupante retroceso, favorecedor de la propia acción violenta cuyo impacto se quiere minimizar.
La vigente ley, que sepamos, impide esa solución sancionadora y sólo consigna penas de prisión o realización de trabajos sociales. Los más críticos con esta revisión señalan que esta alternativa favorecerá la paradoja de que el hombre no pagaría la multa, de modo que fuese la propia mujer quien la abonase para evitar el embargo de bienes gananciales.
Montalbán apunta también el desacierto que supondría la introducción de la mediación familiar, cuando está especialmente contraindicado en los casos de maltrato y cuando en la misma ley está completamente prohibido. La desaparición de las vejaciones injustas como faltas sería otra de las modificaciones que, de plasmarse, representarían el inquietante retroceso en el efecto protector del que hablamos. Es natural que haya preocupación e inquietud no sólo en organizaciones y asociaciones de mujeres sino en agentes sociales y colectivos profesionales que constatan el carácter regresivo de medidas que, sobre el papel, empeorarían uno de los principales dramas sociales de nuestro tiempo.
Dirán que los principales objetivos de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género (la primera que aprobó en el año 2004 el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero) se mantienen.
Es decir, que se apoya a las víctimas, se persigue a los agresores y se alerta a la sociedad de la necesidad de combatirla sin desmayo; pero la reducción de recursos presupuestarios y la desaparición progresiva de programas de formación y empleo, unida a esas reformas legislativas, indican, precisamente, lo contrario, de modo que los fantasmas de la opresión, del temor ilimitado y los silencios cómplices hacen de nuevo su aparición.
País de pérdidas.