JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
La crisis continúa su imparable devenir sin que las administraciones ni los políticos logren ponerle freno. Entre los damnificados, amén de miles de ciudadanos de a pie, están muchas entidades y proyectos nacidos no hace mucho. Uno de ellos, que tuvo una especial repercusión en su día, fue el de la Ley de Memoria Histórica, al que el cambio de gobierno en Madrid ha condenado ahora al ostracismo. No en vano, tras el cierre el pasado mes de marzo de la Oficina de Víctimas, las asociaciones creen que el siguiente paso será la derogación de la propia ley.
En Canarias, en diciembre de 2011 se firmó un convenio entre la Consejería de Justicia y el ministerio, que incluía la elaboración de un mapa de fosas de la Guerra Civil y la represión franquista. Un año después, nada se sabe del citado mapa y, lo que es peor, el borrador de los próximos presupuestos de la Comunidad no contempla partidas para los proyectos vinculados a la memoria histórica en el Archipiélago.
Al respecto, la vicepresidenta de la asociación de Arucas y representante en la coordinadora estatal, Balbina Sosa, aseguró ayer al DIARIO que “la eliminación de las ayudas y subvenciones nos ha dejado en una situación crítica”. “Estamos manteniendo reuniones en Madrid para continuar con nuestras denuncias, pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta”. De igual modo, Balbina Sosa explicó que, tras haberlo solicitado en varias ocasiones, las asociaciones canarias de la memoria histórica aún están pendientes de una reunión con el director general de Justicia, “para desbloquear la situación y poder consensuar posturas, para iniciar el desarrollo del convenio del año pasado”.
Entonces, el exministro de Justicia Francisco Caamaño se comprometió con el consejero autonómico Francisco Hernández Spínola a poner a disposición de la Comunidad Autónoma el documento con los requisitos para la elaboración del citado mapa de fosas. El ministerio también debía prestar la colaboración y asistencia necesarias para que se pudieran aplicar las previsiones contenidas en el documento de una manera mas eficaz y eficiente. Asimismo, se iban a actualizar los datos contenidos en el texto con la información que le remitía el Ejecutivo.
“Para el Gobierno central y el autonómico las víctimas y represaliados no son una prioridad”, espetó Balbina Sosa, quien dejó claro que “llevamos más de 30 años trabajando en este tema y apenas se ha avanzado”. “Nos siguen engañando y ni siquiera la Ley de Memoria Histórica tuvo el resultado que queríamos”, incide la vicepresidenta de la asociación grancanaria. Las entidades, no obstante, no piensan resignarse, y están dispuestas a llegar hasta el final en sus reivindicaciones. Para lograrlo, han logrado ya el respaldo del presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, que está estudiando la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
“Estamos intentando pedir ayudas al exterior, como ocurrió con Argentina o Chile. También acudiremos a la Unión Europea. Queremos el reconocimiento, la apertura de las fosas y la entrega de los restos a las familias. Tenemos que seguir avanzando”, concluyó Balbina Sosa.