TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

No es causalidad. El hecho de que sean de Canarias hasta 10 de las 55 administraciones españolas a las que la defensora del Pueblo denunciará ante la Fiscalía por un supuesto delito de desobediencia no es una rareza, habida cuenta de que en los años anteriores también hay abundancia de las Islas en las listas de instituciones consideradas como entorpecedoras u obstruccionistas.

Pero, con diferencia, el caso más alarmante es el del Puerto de la Cruz, que en el informe de 2009 se explica que fueron necesarios ocho años de gestiones para conseguir la adopción de medidas disciplinarias frente a un policía local en este municipio tinerfeño, pese a existir sentencia condenatoria por delitos dolosos.

“Esta actitud de resistencia -detalla el informe de 2009- obligó a considerar a este Ayuntamiento como Administración entorpecedora de la labor del Defensor del Pueblo. Es preciso reiterar ahora esta calificación, pues se solicitó un nuevo informe en este mismo expediente con fecha 6 de noviembre de 2008. Se realizó un tercer requerimiento con fecha 1 de julio de 2009, que no ha sido contestado (0000097)”.

Pero es que el Puerto de la Cruz vuelve este 2012 a la lista de administraciones que desprecian la tarea de la Defensora del Pueblo al punto de ignorar hasta tres de sus requerimientos, en esta ocasión acerca de una supuesta “pasividad municipal frente a obras ilegales”. Fuentes extraoficiales apuntaron ayer a que se trata de una denuncia por una pérgola privada que data de 2005.
Otros que repiten, y hasta por los mismos temas, son la Dirección General del Menor y de la Familia del Gobierno de Canarias, que destaca además porque no responde a más de un expediente.

Así, mientras en 2012 se le alude en la lista negra de la Defensora del Pueblo por cuatro casos: la situación del Centro de Acogida de Menores Extranjero El Fondillo (Gran Canaria), dos sobre las situaciones de menores extranjeros en acogida y la última por falta de contestación a denuncia contra un psicólogo. Un año antes, los motivos eran la ausencia de respuesta a un recordatorio sobre el deber legal que compete a esa Administración de documentar a los menores extranjeros no acompañados conforme a lo establecido en la normativa vigente, y también por -nuevamente- la denuncia contra la actuación de un psicólogo del Programa de Infancia y Familia del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

Una portavoz de la Defensora del Pueblo confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que “la decisión es firme: iremos a la Fiscalía a denunciar”.