En 2010 conocimos, gracias a un informe publicado en Harvard Business Review, que la factura de fondos públicos que ayudaron a rescatar el sistema financiero internacional reflotando bancos y aplicando planes de estímulo ascendía, hasta finales del año 2009, a 13 billones de dólares. Es decir, el 21,12% del PIB mundial, lo que supone una carga adicional próxima a los 1.900 dólares por cada ser humano del planeta. Hoy, noviembre 2012, hemos sabido que los fondos públicos, los fondos de todos destinados a la crisis financiera en España superan los 85.000 millones de euros. Es decir, 1.850 euros por persona, por ciudadano español.
Las desaforadas políticas de gasto público que han debido afrontar los gobiernos para mantener la estabilidad financiera no tienen por qué pagarlas íntegramente los ciudadanos, como está ocurriendo en general. Más bien, las entidades beneficiarias de los planes de rescate financiero deben devolver cuanto antes a las arcas públicas los fondos recibidos explicando minuciosamente el destino dado a esas ayudas públicas.
Los rescates bancarios implementados por los gobiernos ascienden, según el informe citado, hasta el año 2010, a 3,6 billones de dólares, el 5,73% del PIB mundial. Los planes de estímulos suponen 9,4 billones de dólares, el 15,39% del PIB global. El 75% del rescate bancario se ha concentrado en los países occidentales, que representa el 7,8% del PIB de esos países.
En este contexto, hemos seguido con los programas de estímulos financieros, con lo que el déficit público seguirá subiendo. Lo que implica es obvio: que los impuestos seguirán creciendo. Todo ello con la población como la gran convidada de piedra de unas políticas que ayudan a que algunos bancos, a pesar de su gestión, no caigan, y a que la gente corriente no disponga de créditos; todo lo más, rebajas de salarios, si es que no están en paro.
Por estos lares, pese a los fondos del común que se han puesto a disposición de las instituciones financieras, ahora resulta que hacen falta 60.000 millones de euros más. ¿Qué hay detrás de ese gran dogma de la estabilidad financiera? ¿Hasta cuándo el pueblo llano tendrá que soportar decisiones tan oscuras y también tan injustas?
Jaime Rodríguez-Arana es CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
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