Hoy concluye una semana de esas de tomo y lomo, con acontecimientos de especial relevancia. En el plano local, el esperado pleno del Parlamento de Canarias volvió a ofrecer una muestra más de la falta de altura y responsabilidad de la clase política que nos representa. Las cuentas del Estado pasaron por la sede de la soberanía popular con las descalificaciones ya habituales entre Gobierno y oposición. La gravedad de la situación económica y la evidente injusticia de unos Presupuestos que dejan a las Islas en situación más que comprometida no propiciaron el menor atisbo de entendimiento y colaboración. Tampoco nadie aportó idea alguna para encarar mejor el futuro, desde aquí y en Madrid, en beneficio de los intereses generales de las Islas. ¿Cómo no van a seguir preocupando a los ciudadanos, según refleja la nueva encuesta del CIS, las actuaciones de una clase política y de unos partidos que se comportan con tanta irresponsabilidad? ¿Piensan seguir igual cuando toque debatir sobre el REF, el fracaso educativo, las nuevas normas turísticas, la revisión estatutaria y electoral, los Presupuestos de 2013, etcétera?

NUEVAS NORMAS PARA LOS DESAHUCIOS

La huelga de hambre de Carmen Omaña, que instaló una tienda-protesta ante una de las oficinas de Bankia en la capital tinerfeña para tratar de parar su desahucio, no sólo logró la solidaridad de varias personas que se sumaron a su causa, sino una reacción en las redes sociales muy favorable a su demanda, incluida la del Ayuntamiento de Santa Cruz, que retiró 1,5 millones depositados en dicha entidad bancaria. Este dato, con su posterior repercusión en prensa, radio y televisión, fue determinante para la inmediata reacción de la entidad y el aplazamiento de desahucios en varios puntos de España. Y en la aceptación por la señora Omaña de trasladarse a una vivienda social de alquiler, que pagará de manera flexible, según sus ingresos. El posterior suicidio de Amaia Egaña, que iba a ser lanzada a la calle en Baracaldo, aceleró la respuesta política de Gobierno y PSOE, que se espera anuncien mañana una norma para aplazar los desahucios más escandalosos y obligar a los bancos a fijar una moratoria de unos dos años, así como a dedicar a alquiler social, para realojo de desahuciados, una parte de las viviendas de que disponen en sus bolsas inmobiliarias.

La postura de la Iglesia, la Defensora del Pueblo, algunos bancos que siguen el Código de Buenas Prácticas y de los jueces, en su negativa a aplicar soluciones inhumanas para desahucios de personas en situaciones de vulnerabilidad, han dado pie a una preocupación generalizada dada la gravedad y extensión del problema. Aun con la mejor predisposición, no será posible aplicar en todos los casos la renegociación de la deuda y la permanencia en la vivienda hipotecada, porque podría caerse en un contagio de impagados de efectos impredecibles. Pero sí se podrán frenar los desahucios extremos. Y para evitar los abusos y las ventajas de que gozan las entidades financieras, se prepara la modificación de varias leyes, algunas con más de medio siglo de antigüedad, a fin de darles una mayor proyección social e incluir la posibilidad, en algunos supuestos, la asistencia letrada y de esa figura conocida como dación en pago, es decir, la entrega del inmueble a cambio de liberar la deuda pendiente. Los bancos se oponen a la medida, pero ¿es justo que si alguien deja de pagar la hipoteca de su vivienda o local sea privado de una u otro y encima tenga que abonar la totalidad de la deuda contraída? En Estados Unidos, por citar un ejemplo, basta con entregar al banco las llaves de la propiedad para que se considere liquidada la deuda hipotecaria pendiente.

EL PRESIDENTE CANARIO VENDE HUMO

Paulino Rivero ha vuelto a vender humo y crear falsas expectativas, esta vez en la World Travel Market de Londres, una de las tres ferias turísticas más importantes del mundo. Durante la inauguración, el lunes, del pabellón canario, el presidente anunció la puesta en marcha de un plan de crecimiento y empleo por importe de 2.000 millones de euros. Según el jefe del Gobierno canario, el plan estará respaldado por la Unión Europea y contará con apoyo público y privado con el fin de relanzar la competitividad del sector turístico e impulsar la creación de puestos de trabajo. Pues bien, ni el plan está elaborado, ni ha sido consultado con la iniciativa privada, ni ha sido presentado ante la UE para que ésta lo incorpore a las políticas de las regiones ultraperiféricas y al Plan de Crecimiento y Empleo, ni la propia UE ha decidido si será aceptado tal y como llegue a Bruselas; es más, ni siquiera existe hasta ahora dotación económica para tal fin.

¿Tanta necesidad tiene el presidente Rivero de buscar titulares a toda costa? ¿Por qué no espera a que el plan esté redactado, consultado, refrendado, garantizado y bendecido para anunciarlo a bobo y platillo allí donde proceda? ¿No sería más prudente actuar con cautela y decir cada cosa en el momento oportuno? Dispuesto a tropezar en la misma piedra, el presidente -al que nadie puede negar su buena voluntad y un espíritu de trabajo ejemplar- volvió a las declaraciones rimbombantes y ostentosas al anunciar el viernes que los Presupuestos canarios de 2013 incluirán una disposición para que las Administraciones públicas puedan exigir la contratación de mano de obra local en las obras y/o servicios dependientes de Gobierno, cabildos y ayuntamientos. Estamos de nuevo ante una obsesión absurda, envuelta en un mensaje confuso y populista, para consumo interno. Ojalá en las Islas se contrate más mano de obra local, cualificada o no; pero sabe Paulino Rivero que eso pertenece al reino de la buena voluntad ya que cada cual hace en su casa, o en su empresa, lo que le viene en gana, naturalmente dentro de la ley. Y la ley dice que no se puede imponer desde la Administración, menos aún premiar, la contratación de mano de obra canaria. La comunidad autónoma pertenece a la Unión Europea, donde la libre circulación de personas -y su contratación en igualdad de condiciones- forma parte de la arquitectura institucional. Ninguna resolución avala las absurdas intenciones presidenciales; por el contrario, de llevarlas a la práctica, se abriría un expediente sancionador al Gobierno de Canarias.

LA HUIDA HACIA EL SOBERANISMO

En Cataluña ha comenzado la campaña electoral para las elecciones del 25-N. Las encuestas coinciden en la victoria de CiU, que para unas será de mayoría absoluta y para otras, relativa. Lo sorprendente es la durísima caída del PSC y la posible conversión del PP en segunda fuerza política. Aun así, queda patente la debilidad extrema de ambos partidos nacionales frente a un soberanismo social y políticamente inalcanzable. A la vez que sigue con la mano tendida al entendimiento, el Gobierno del Estado prepara una ofensiva judicial en toda regla tan pronto advierta el menor desvío legal en la puesta en práctica de las intenciones de Mas. El president tendrá que acabar con sus juegos dialécticos porque sólo existe un dilema: o Estado propio o autonomía con los matices que se quiera. El PSAC ha sido cogido en medio y evidenciado la pérdida de liderazgo e identidad. De ahí la esperada debacle, que es, si se confirman los pronósticos, el pago a su inconsistencia ideológica y ese hacer el juego al nacionalismo separador.

Artur Mas pretende que los electores se preocupen de sus ensoñaciones soberanistas en vez de centrar el debate político del adelanto electoral en una gestión de dos años verdaderamente lamentable. No sé si ese tercio de electores indecisos de que habla el CIS podrá influir en el resultado electoral final, pero CiU merecería un buen fiasco. Por su propuesta secesionista contraria a la historia, el sentido común, el orden constitucional, y por dividir innecesariamente en dos mitades al pueblo catalán. Con este problema habrá de enfrentarse el Principado de consumar Mas y su gente el proyecto independentista bajo el señuelo de un expolio fiscal por parte de España que cada vez resulta más discutible a medida que se divulgan nuevos estudios rigurosos sobre la cuestión.