El diputado regional Jorge Rodríguez, uno de los principales implicados en el caso Europa y para el que el fiscal solicita nada menos que 20 meses de prisión y cinco años de inhabilitación, ha anunciado que no piensa dimitir de su cargo. La explicación que ha dado es que cuando se presentó a la elección para diputado ya estaba imputado, y desde entonces no se ha producido ningún cambio en la tramitación del proceso judicial.

La verdad es que algo sí que ha cambiado sustancialmente: ha cambiado el pormenorizado y prolijo relato realizado por Anticorrupción sobre su actuación en el caso, en el que el fiscal Del Río considera probado que Jorge Rodríguez cobró 64.000 euros del administrador del Grupo Europa, Antón Marín, como pago por influir para que la inmobiliaria Grupo Europa se quedara con los contratos para la construcción de viviendas de protección oficial de Telde. Jorge Rodríguez habría convencido a la entonces responsable de Obras Públicas en el municipio grancanario, la fallecida María Antonia Torres, y a otros cargos municipales, para que favorecieran la adjudicación. Según el relato de la fiscalía, una vez logradas las adjudicaciones el Grupo Europa no pagó a todo el mundo las comisiones acordadas, con lo que se abrió un forcejeo en el Ayuntamiento que bloqueó los expedientes y las licencias hasta que se produjeron los pagos. Las pruebas aportadas por Anticorrupción implican a más de media docena de personas, con multas que rozan los dos millones.

La trama del caso Europa está prácticamente desmontada, y es muy difícil que el diputado escape de rositas. Claro que le asiste el derecho a la presunción de inocencia, como a cualquier acusado. Lo que no se entiende es la reacción de su partido, el PP, respaldándole en un caso que apesta. Porque la presunción de inocencia es un derecho constitucional cuyo sentido es el de proteger a personas acusadas de la comisión de un delito hasta que medie un veredicto judicial. Pero la presunción no implica cerrar los ojos ante hechos evidentes: el caso Europa, una subtrama del caso Faycan, es otro de los pelotazos de corrupción en la que se enfangó el Ayuntamiento de Telde, y en el que el PP teldense quedó absolutamente pringado.

La decisión del PP de respaldar a Jorge Rodríguez puede ser fruto del cinismo o del cálculo político. Pero siempre habrá quien piense que es fruto del miedo a que el diputado Rodríguez -un personaje que se ha especializado en la mediación, y al que se recuerda por sus gestiones ante Fomento para evitar el expediente de Islas Airways- tire de la manta y se dedique a largar.