tribuna>

Solidaridad no correspondida> Por Ricardo Melchior Navarro*

Los cabildos y ayuntamientos del Archipiélago acordaron el pasado mes de mayo la cesión al Gobierno de Canarias de una parte de los recursos que les corresponderían por el aumento de recaudación previsto, hasta finales de 2015, a raíz del incremento en los tributos previsto a partir de julio. En función de tales estimaciones, las corporaciones locales tendrían que recibir en torno a 30 millones de euros más. En justa correspondencia, Cabildos y Ayuntamientos fueron sensibles con las necesidades planteadas por la Comunidad Autónoma y no tuvieron inconveniente en asumir aquel esfuerzo solidario, para que se pudieran sufragar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, fundamentalmente.

Sin embargo, seis meses después de que se produjera aquel acuerdo, el Gobierno de Canarias asegura que el cálculo efectuado entonces resultó erróneo, por lo que cabildos insulares y ayuntamientos no recibirán la citada cantidad. Además, la cosa no queda ahí, ya que el Ejecutivo regional ha anunciado que a finales de año podrían producirse liquidaciones negativas, en relación a las entregas a cuenta que se han venido practicando durante el presente ejercicio, por lo que su pretensión es que las administraciones locales de las Islas tengan que devolver a la Comunidad Autónoma en torno a 40 millones de euros.

La respuesta de cabildos y ayuntamientos, expresada a través de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), no se ha hecho esperar. Además de solicitar una reunión urgente con el presidente del Gobierno de Canarias y su consejero de Economía y Hacienda, nuestro planteamiento es que las mencionadas entregas a cuenta de 2012 sean definitivas y no se tenga que devolver los 40 millones que ahora se le pide a estas corporaciones. Sin duda alguna, aquella solidaridad y generosidad que se nos reclamó en mayo, y cuya respuesta fue la cesión de una parte de los recursos, no se ha visto ahora justamente correspondida. Más bien todo lo contrario. Y no vale que el Gobierno reconozca ahora que se equivocó en las previsiones y que fue un error de cálculo, lo cual nos parece inaceptable.

El maltrecho estado que presentan las arcas de todas las instituciones locales, como consecuencia de la aguda crisis económica, hace inviable la devolución de la citada cifra. Aunque estamos abiertos al diálogo, dentro de la colaboración institucional que siempre ha presidido la relación entre las administraciones isleñas, advertimos de antemano que no nos salen las cuentas. Esta factura no les corresponde ni a los cabildos ni a los ayuntamientos. La rechazamos de plano.

Queremos aprovechar la ocasión para exigir que se revise, de una vez por todas, un aspecto vital para el común de las administraciones como es el de los ingresos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF). Porque entendemos que no se puede seguir regulando de manera unilateral, por parte del Gobierno de Canarias, los porcentajes de distribución de estos recursos, que en su día acordamos. Al mismo tiempo, decimos que las liquidaciones de los recursos del REF que plantea el Gobierno autónomo no pueden seguir condicionadas al capítulo competencial y reivindicamos la cogestión tributaria de los recursos del REF, en tanto en cuanto no encontramos sentido a la opacidad respecto a esta gestión, procedimientos ejecutivos, sanciones y lucha contra el fraude.

En definitiva, creemos que ha llegado el momento de reequilibrar el modelo de relación entre las corporaciones locales -cabildos y ayuntamientos- y la Comunidad Autónoma, tendente a evitar situaciones como la que hemos vivido en las últimas semanas, con este nuevo desencuentro. El coste pretendido es mucho más que un mero error de cálculo.

*PRESIDENTE DEL CABILDO DE TENERIFE