DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
La flexibilidad laboral planificada por el Gobierno canario para 2013 afectará a 3.306 empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Así lo confirmó ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, durante la explicación en comisión de los presupuestos regionales. Esa es la propuesta que llevará la próxima semana a la mesa general de la función pública para sortear los despidos masivos, que, no obstante, se mantienen como “última opción”.
En respuesta a las dudas expresadas por la oposición (PP y NC), Spínola manifestó que se está “dejando la piel” en contra de los despidos colectivos. Con datos en la mano, los diputados Emilio Moreno y Román Rodríguez habían aseverado que se está destruyendo empleo público a través de las jubilaciones no cubiertas y de la no renovación de contratos temporales. “Prepárese”, avisó el portavoz de Nueva Canarias. “Entre 2014 y 2015 habrá mil millones de euros menos para cuadrar las cuentas. A ver cómo se las arregla”.
En cualquier caso, el Ejecutivo pretende reducir el horario y, por consiguiente, el salario a personal laboral temporal y funcionarios interinos. Se libran los estatutario del Servicio Canario de la Salud (SCS), los docentes y los trabajadores de Justicia. Spínola confía en alcanzar un acuerdo con los sindicatos dentro del plazo para la presentación de enmiendas parciales, que finalizará el 17 de diciembre. Entre otras medidas globales, se congelará la oferta de empleo público (salvo el 10% de reposición), se revocarán las prolongaciones de servicio a mayores de 65 años, no se concederán nuevas ampliaciones de la vida laboral, se aplicará la nueva regulación de la incapacidad temporal y se potenciará la redistribución de efectivos en toda la Administración autonómica. El objetivo es ahorrar alrededor de 67 millones de euros.
Además, el consejero recordó la intención de rebajar el número de altos cargos y garantizó que no se procederá a una disminución generalizada de retribuciones. “Solo se aplicará una modificación coyuntural en las condiciones laborales de un grupo determinado de trabajadores”, expuso el político del PSOE.
Hernández Spínola resaltó que la merma del capítulo I (gastos de personal) será de un 3,25%, lo que en términos absolutos supone 87 millones de euros menos que en el ejercicio actual. De esa cantidad, unos 20 millones corresponden a la Administración general de la Comunidad Autónoma. “Cuatro de cada diez euros se destinan a financiar gastos de personal”, apuntó.
Por ámbitos, los fondos para pagar a los empleados de la Administración general registran un retroceso en torno al 5,93%: de 332.217.885 a 312.530.994 (cifra de 19.686.891 euros menos). El ajuste es del 9,33% en los organismos autónomos: de 92.6.304 a 84.005.244 (una diferencia de 8.641.060).
Mientras, en el área de Justicia es del 2,22% (con 1.803.552 menos que en 2012); para los docentes, del 4,18% (36.999.978 menos), y para los estatutarios (el SCS), del 1,53% (19.309.388 menos).