N. TORRES | Santa Cruz de Tenerife

La sentencia de la Audiencia Nacional que anula el deslinde de la mitad de la playa de Las Teresitas aprobado por la Dirección General de Costas en 2009 y que obliga a la realización de una nueva separación, podría llevar aparejada que la causa abierta en torno al conocido como caso Las Teresitas se vea afectada en el origen mismo del conflicto, dirimir si la compra-venta de las parcelas en el frente de playa eran o no de propiedad privada. El caso, actualmente en el Tribunal Supremo, entra a valorar la actuación de los entonces responsables municipales en torno al proceso de compra-venta de los terrenos de Las Teresitas y las presunta ilegalidades cometidas en el proceso para adquirir por parte del Ayuntamiento unos terrenos que, estiman los denunciantes, ya eran de propiedad municipal.

Para la concejal del Partido Popular en Santa Cruz, Ana Zurita, técnico en la Gerencia de Urbanismo durante esos años y actual responsable del área en el PP santacrucero, los efectos de esta sentencia son claros: “La operación de compra-venta se hace con el deslinde que ahora queda vigente puesto que la sentencia de la Audiencia Nacional anula el del 2009 y por tanto remite al anterior aunque manda que se haga uno nuevo”.

“Esto supone, continua la edil popular, que toda la compra-venta de Las Teresitas se hizo bajo el deslinde anterior, el mismo que ahora ratifica la Audiencia Nacional, y donde los terrenos eran propiedad de Playa de Las Teresitas S.A., propietario mayoritario de la Junta de Compensación”. Para Zurita, por tanto, “el suelo comprado por el Ayuntamiento, nunca fue público porque cuando se hizo la reparcelación, pasaron a formar parte de la Junta de Compensación y comprados posteriormente por Inversiones Las Teresitas”. La responsable de Urbanismo del PP asegura que “los terrenos pasan a ser municipales después de la compra y no antes como argumenta la acusación en el caso de Las Teresitas”.

En cuanto a la sentencia ya existente del Tribunal Supremo anulando uno de los puntos de esta compra de terrenos, Zurita aclara que “se juzga el acto administrativo de la compra, que estima el Supremo, no se ajustó a derecho, pero no entra a valorar el origen de los terrenos”.

TERRENOS PÚBLICOS

El primer teniente de alcalde, José Ángel Martín, uno de los denunciantes del caso Las Teresitas cuando estaba en la oposición, hace una interpretación totalmente distinta y asegura que “la sentencia sobre el deslinde viene a confirmar lo que siempre denunciamos y es que se compraron terrenos públicos”. Martín señala que “en ese momento, lo que estaba vigente era el deslinde de 1969 y si los terrenos pertenecía a Costas, eran públicos, nunca privados”. “Cuando se nos venden -al Ayuntamiento- se hace sabiendo que están en dominio público marítimo-terrestre y el deslinde que hizo Costas en 2009 los seguía dejando dentro de ese dominio por tanto esta sentencia no afecta a ese acto”, concluyó.

En el mismo sentido se manifestaron José Manuel Corrales (XTF) y Guillermo Guigou (Ciudadanos por Santa Cruz), asegurando que este fallo judicial no afecta en nada a la causa del caso Las Teresitas. “Lo que hay detrás del dominio de Costas es una ladera y eso nunca es privado”, señaló Corrales.

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Actuaciones

Los partidos en la oposición del Ayuntamiento de Santa Cruz valoran positivamente la sentencia del deslinde pero con matices. Para José Manuel Corrales el fallo judicial “da autonomía a la ciudad para hacer actuaciones y recuperar el litoral”. Sin embargo para Guillermo Guigou, “se trata de una estimación parcial porque hay que hacer un nuevo deslinde que se deja en manos del Estado asi que dejen de vender humo”. El Partido Popular es aún más crítico al asegurar que “cualquier actuación en la playa está remitida a un Plan Especial, que ni siquiera se ha redactado y con deslinde sin él se limitan a anunciar cosas sin que haya un proyecto detrás”, señaló Ana Zurita.

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