El Gobierno de Canarias se ha instalado finalmente en un discurso sin salida: la crisis ha reducido drásticamente la capacidad de recaudación de las administraciones, a pesar del aumento salvaje de la fiscalidad. La autonomía carece hoy de los recursos que necesita para funcionar: incapaz de recaudar más, precisa de una financiación nacional que no llega ni por la vía regular ni por la de convenios o partidas específicas. Ante esa situación, el Gobierno de Canarias no puede hacer frente a sus propias competencias y acusa al de España de bloquear su funcionamiento, con arguentos como “El Gobierno de España no nos quiere” o “Rajoy nos saca del mapa de España”. Pero ese discurso -que apenas sirve para ganar algo de tiempo mientras la Administración regional se descompone- tiene una lectura perniciosa: si es el Gobierno nacional -y no la crisis económica- quien impide que funcione la Autonomía, solo hay dos opciones. La de devolver competencias o la de descolgarse.

Canarias no gana con ninguna de las dos: lo de devolver competencias implica asumir nuestra incapacidad para gestionarlas. Ninguna región lo ha hecho aún, y además no estoy muy seguro de que al PP -afanado en un evidente proceso de recentralización del Estado- le disguste recuperar esas competencias. Y en cuanto a descolgarse, lo cierto es que uno puede entender la lógica del independentismo de Artur Mas, porque Cataluña aporta a la caja española más de lo que recibe. Con nosotros pasa lo contrario: recibimos el 86% de lo que recibe de media el ciudadano español, es cierto. Pero aportamos sólo el 40% de lo que tributa cada españolito. No nos conviene nada quedarnos “fuera del mapa”.

La chulería de nuestros políticos cuando hablan de más autogobierno oculta el fracaso de un modelo completamente subvencionado y mantenido desde fuera. Más autogobierno -si no nos lo paga España- sería reducir el peso de lo público en Canarias a menos de la mitad. Y eso significa la mitad de escuelas, la mitad de hospitales, la mitad de cobertura para el desempleo, la mitad de dinero para pensiones. Eso sí, a cambio tendríamos un ejército propio, una moneda propia y una justicia propia, que dependerían del Gobierno local como ahora depende la guanchancha. Podríamos uniformar volcánicamente a nuestros militares, devaluar la moneda tantas veces como quisiéramos e indultar a todos nuestros golfos, sin tener que pedirle permiso a nadie. Pero ese es el sueño de Pepe Rodríguez, no el mío.