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Transparencia> Por Leopoldo Fernández

El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, ha anunciado que el Ejecutivo de Canarias va a promover una Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para facilitar la máxima información posible generada por la Administración autonómica. También pondrá en marcha un portal de acceso con la información más relevante, dentro del concepto de Gobierno Abierto. A su vez, Miguel Ángel Pérez, consejero de Educación del Cabildo de Tenerife, ha dicho que la Isla dispondrá en 2015 de la primera Escuela española de Gobierno Abierto, que se está gestando en colaboración con la Universidad de La Laguna. No sé si la idea del consejero será o no llevada a la práctica, pero en cualquier caso sí resulta imprescindible, y cada vez más, la práctica política diaria de lo que se entiende por Gobierno Abierto, es decir, la aplicación transversal, en diálogo con los ciudadanos, de principios de apertura total, transparencia, eficiencia y responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos.

Basta leer los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros convenios sobre buen gobierno para saber de qué va la cosa. Pero, ¿hace falta una escuela para enseñar a los políticos que en una democracia bien entendida se debe facilitar el acceso a la participación y la información a todos los ciudadanos? ¿De verdad es preciso inculcar a los representantes públicos que deben rendir cuentas de sus actividades a la sociedad civil, e incluso comunicar los sueldos que perciben y los gastos que realizan? ¿Es posible que quienes sirven al pueblo desconozcan que deben atenerse en sus actuaciones y acuerdos al cumplimiento de principios éticos y códigos de conducta irreprochables y aceptar el control social y la participación de los ciudadanos en los asuntos que les afectan? Esta es la única forma de gobernar en democracia, y con esas mimbres ganaría muchos enteros la credibilidad y confianza en el sistema y en los políticos que están a su servicio. Lo demás son aproximaciones y simulacros. Claro que una cosa son las buenas intenciones y otra la práctica diaria.

Acaba de divulgarse el último informe de Transparencia Internacional sobre transparencia en las comunidades autónomas y, aunque aprueba, Canarias retrocede en la clasificación y ya se encuentra entre las autonomías menos transparentes de España. ¿Cómo piensa convencer el Gobierno de Canarias a los ciudadanos de la bondad de sus intenciones si en ocasiones oculta datos, cobija corrupciones y hasta se niega a debatir en el Parlamento propuestas nacidas de la iniciativa popular?