Unos 300 vehículos oficiales, más o menos, tiene a su disposición el Ayuntamiento de Madrid.

A mí, qué quieren que les diga, me parece una solemne barbaridad. Máxime, si trasponemos el dato a las demás corporaciones municipales de España. Y a las comunidades autónomas, diputaciones, mancomunidades, cabildos insulares,… Una auténtica barbaridad.

Si solo se tratara del abuso del parque móvil por parte de nuestros políticos y asimilados, la cosa aún tendría un pase. Pero a eso habría que añadir la utilización de escoltas, teléfonos móviles, viajes oficiales,… Ya sé que eso es el chocolate del loro en el conjunto de los dispendios de nuestra frondosa administración pública. Pero su drástica reducción seguro que habría suavizado los recortes a funcionarios, pensionistas y demás colectivos cautivos ellos del presupuesto del Estado.

La cuestión resulta todavía más sangrante cuando uno no ve ese derroche de prebendas en otros países más ricos que el nuestro. La proporción de políticos con escolta en España resulta ridículamente superior a la de Estados Unidos, por ejemplo, y la de ediles con chófer oficial parecería una burla en Gran Bretaña o Alemania.

Con esta afición a costearse la vida a cuenta del erario, se entiende perfectamente que nuestros políticos, sean del partido que sean, se opongan como panteras a la reducción de concejales o diputados autonómicos, a la supresión de entes públicos o a la fusión de varios municipios.

Entre otros motivos, hay uno de peso para semejante actitud: dada la escasa valía profesional de la mayoría de ellos, ¿dónde encontrarían acomodo si tuviesen que ganarse las alubias por su cuenta?

Esa es la terrible realidad que acabamos pagando entre todos los ciudadanos.