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Aguas turbias> Por Francisco Pomares

Pepa Luzardo ha arremetido con contundencia contra las empresas que gestionan el agua pública en Las Palmas, Saur y Sacyr, acusándolas de intentar inflar las facturas. La intención de Luzardo parece más la de pringar en la historia a su sucesor en la alcaldía de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, que la de denunciar unos hechos que están siendo ya investigados por la justicia francesa, tras una denuncia presentada por el que fuera presidente de Saur internacional contra dos consejeros de Emalsa, Pablo Abril Martorell, de Sacyr-Vallehermoso, y José Luis Rubio, de Saur. Las declaraciones de la senadora del PP han puesto el foco sobre las supuestas prácticas irregulares de las sociedades que hoy controlan los servicios de abastecimiento de agua en las dos capitales canarias. Entre los escándalos que se han producido en estos días, el más llamativo es la tasación exagerada de una finca adquirida por Sercanarias, empresa participada por Saur y Sacyr-Vallehermoso, esta última a través de su filial Valoriza.

Tiene uno la impresión de que la entrada de empresarios del sector de la construcción en el suministro de agua -una práctica que se extendió con la oleada privatizadora de las aguas municipales por parte de muchos municipios- ha provocado un cambio sustancial en la prestación de lo que es un servicio público esencial, y un negocio seguro, pero vinculado exclusivamente a negociaciones de tarifa. Acostumbrados a moverse en las rentabilidades salvajes que definieron la burbuja especulativa de la construcción, algunos directivos de las constructoras que aterrizaron en el agua se dedicaron a intentar reproducir esos beneficios en un servicio negociado y reglado, que ofrece rentabilidades bajas pero seguras y constantes.

Algunas empresas recurrieron así a todo tipo de tratas y tejemanejes, pero -sobre todo- a tirar de sus relaciones políticas, siguiendo el modelo aprendido en la tramitación y gestión de licencias urbanísticas, que es el de premiar generosamente a políticos amigos.

Esa es la explicación de que las concesiones de agua de media España se hayan convertido en los últimos años en una selva de reclamaciones judiciales, de incumplimientos de contratos (el caso de los 45 millones en obras que Sacyr se comprometió a ejecutar en Tenerife y de lo que no ha gastado ni un euro, por ejemplo) y de escandalosas trapisondas. También existe la creciente sospecha de que algunas sociedades estén vaciando de valor las empresas municipales concesionadas, transfiriendo sus recursos, talento y tecnología a empresas propias. Lo de la nave comprada por más de su precio podría ser solo una pequeña gota en un tanque de aguas turbias.