La resaca judicial contra las actuaciones de Ruiz Gallardón promete nuevos episodios después del masivo seguimiento de las protestas en todo el estado. Un amigo -magistrado de convicción conservadora y demócrata sin fisuras- me justificó la inédita unanimidad contra las tasas propuestas por el exalcalde de Madrid que, para él “es la derecha de la derecha, un soberbio que quiere pasar a la historia a toda costa y tanto se hace con el palacio de Atocha, como ningunea a quienes saben más que él o discrepan de sus decisiones. Lejos de dar solución a las carencias y defectos de la justicia, es un problema añadido”.

Desde su exquisita discreción, me resumió las protestas de los jueces y fiscales en Santa Cruz y Las Palmas y la más que posible huelga del sistema judicial para la que se baraja alguna fecha entre el 10 y el 14 del presente diciembre. Nadie públicamente defiende la reforma prevista por la “eterna promesa”, “el liberal para la izquierda ilusa” y “el político mimado por los medios más críticos con su partido” (los entrecomillados no son míos) y el objetivo último es que dimita o que el imprevisible Rajoy -que provocó la salida de Esperanza Aguirre de la Comunidad- en un “arranque de valentía lo destituyera, porque con este rechazo general, no está legitimado para hacer nada”. Mientras que en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, la concentración se realizó en la plaza de entrada en la avenida Tres de mayo, en Las Palmas se cortó el tráfico de la Avenida Marítima y se escucharon palabras fuertes contra las decisiones del polémico ministro.

“Todos los operarios jurídicos se han puesto de acuerdo para protestar contra una ley injusta, que pretende crear una frontera entre ricos y pobres en medio del derecho a la justicia, que ampara la Constitución Española”, manifestó Joaquín Espinosa, Decano del Colegio de Abogados. Por su parte, el portavoz de los jueces, magistrado de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, expresó sus dudas acerca de la inconstitucionalidad de las nuevas tasas. “No se discute la legalidad de su existencia, sino que discrepamos profundamente de la elevada cuantía de la normativa estatal”. Los próximos días serán claves para saber si el presidente del Gobierno enmienda -como el euro por receta en la Comunidad de Madrid- unas medidas rechazadas por el estamento jurídico y, naturalmente, los ciudadanos. No puede el prudente gallego cargar más sus alforjas tal y como está el camino.