GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

El pleno de Puerto de la Cruz dio el visto bueno unánime al expediente para recabar todos los informes necesarios y decidir cómo se disuelve la empresa Parque Marítimo, SA (Pamarsa), en diez años, tal y como se contempla en el plan de ajuste, aprobado en el mes de marzo.

La concejal de Hacienda, Sandra Rodríguez, especificó que se trata de dar cumplimiento a una serie de medidas, entre las cuales estaba previsto una reducción de costes de un 20% de los gastos proyectados, que se lograría con la reducción de la plantilla, que actualmente está compuesta por 104 trabajadores; la renegociación de las condiciones salariales del personal y con los contratistas el coste de los servicios prestados. Estas disposiciones se comenzarán a aplicar el próximo año puesto que “se ha intentado reconducir y no se ha podido hacer”, indicó.

No obstante, será una comisión liquidadora que se constituya al efecto la responsable de ir disolviendo la empresa. Mientras tanto, Rodríguez se ha encargado de “hablar con los representantes sindicales para que estén tranquilos y no se interpreten mal las cosas” porque, además, “hay diez años para buscar soluciones a Pamarsa y a los puestos de trabajo, que es lo que más nos preocupa, ya que hay que prestar determinados servicios, como el mantenimiento y la limpieza del Complejo del Lago Martiánez y Playa Jardín, los socorristas, y el parking del Mercado Municipal y de la plaza de Europa, entre otros, señaló.

Como es habitual, el pleno portuense fue ayer foco de discusión en cada uno de los puntos, sobre todo entre el alcalde, Marcos Brito, y el portavoz de Vecinos por el Puerto (VxP), Jaime Coello. La polémica comenzó desde el inicio de la sesión con la aprobación de actas anteriores.

Este último le reprochó al secretario de la corporación que ponía “resúmenes sucintos de las declaraciones de los miembros del Ayuntamiento o directamente llegaba a eliminar partes enteras”, mientras que éste le respondió que su intervención en el último pleno “la incluyó íntegra con una intención didáctica”.

El pleno también aprobó la única moción presentada por el PSC-PSOE para instar al Gobierno central a excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales, justo cuando entra en vigor la nueva disposición estatal. No obstante, se le añadió una enmienda in voce del PP para que se plantee un baremo en función de la renta de cada particular.

IBI Y DESAHUCIOS

Además, se aceptó una iniciativa de VxP con una enmienda de CC-PP mediante la cual se solicitaba la modificación de la ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para eximir a los vecinos que hayan perdido la titularidad de sus viviendas a través del proceso de ejecución hipotecaria, exigiéndoselo a la entidad bancaria que sea nueva titular.

Otro de los puntos de la sesión que llevó aparejado un fuerte debate fue la propuesta de VxP de realizar un estudio de eficiencia energética en la piscina municipal para abaratar el coste del combustible que consume, que se eleva a 70.567 euros anuales, pero también fue rechazada.