EFE | Zaragoza

El pleno de las Cortes ha aprobado hoy, con el apoyo del PP y el PAR, la ley de autoridad del profesorado de Aragón, que han rechazado los tres grupos de la oposición al considerarla innecesaria y caduca, además de que conllevará la judicialización de la vida educativa.

La ley reconoce la autoridad pública a los docentes de los centros no universitarios y la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, fija la necesidad de que cada centro elabore un plan de convivencia y establece las medidas para reparar daños.

Entre ellas figura la obligatoriedad del alumno de pedir perdón en el caso de agresiones físicas o morales a cualquier miembro de la comunidad educativa sin perjuicio de la posible responsabilidad en que se haya podido incurrir.

Según ha afirmado la coordinadora de la ponencia que ha estudiado la ley, María José Ferrando, del PP, la política educativa del “colegueo” de los socialistas es la que ha conducido a la situación actual, y la ley que hoy se aprueba va a aportar un decidido apoyo al sistema educativo al respaldar el pilar fundamental sobre el que descansa la educación, el profesorado, en un intento de solucionar los problemas de convivencia de los centros al prestigiar y proteger a los docentes.

Por el contrario, la portavoz de educación del PSOE, Mayte Pérez, ha aseverado que es innecesaria, improcedente e inoportuna y ha advertido de que es muy peligroso, legislando, hacer de la excepción norma, por la visión “casi delictiva” que el PP tiene de las aulas, y de que se va a judicializar la vida en los centros cuando se debería apostar por el pacto y el diálogo.