La segunda enmienda de la Constitución de EE.UU. (con más de 200 años de vigencia) establece “… the right of the People to keep and bear arms…” (el derecho del pueblo a poseer y portar armas), algo que llevan a cabo el 40 por ciento de sus ciudadanos. Con cada caso de asesinato múltiple, se recupera el debate sobre la modificación de dicha norma fundamental norteamericana, dada la conmoción que genera en la opinión pública tales abyectos hechos. El problema, en cualquier caso, no es que la mayoría de sus electores estén o no a favor de mantenerla (no hay duda de que la posición prevalente es a favor de controlar las armas), sino en la intensidad con la que se defiende cada postura; es decir, la presión política de los grupos sociales que las representan. Hace más de 30 años, H. Schuman y S. Presser, en su obra Preguntas y respuestas en las encuestas de actitud, indicaron que cuando se le cuestiona a la gente sobre su posición sobre el control policial de la posesión de armas, es necesario conocer no solo un sí o un no, sino también la “intensidad” de su respuesta, la “importancia” que los entrevistados le daban al asunto y las “consecuencias conductuales” (¿estaban dispuestos a hacer algo para conseguirlo?). Dicho estudio concluyó que la minoría que estaba en contra del control de armas tenía una posición mucho más intensa en la defensa de su postura. Charlon Heston, rifle en mano, en la Asociación Nacional del Rifle afirmó que “solo me lo quitarán de mis manos frías y muertas”; nefanda frase para algunos, pero dicha asociación cuenta con 5 millones de miembros. La movilización de grupos sociales para acendrar una decisión política (o de una medida legislativa como la anterior), habitualmente no pasa de conseguir, en el mejor de los casos, que las autoridades políticas conozcan la existencia del problema. Pero en ocasiones, si la intensidad es suficiente, sí que logran que los gobernantes se impliquen a fondo en el problema (como sucedió en Santa Cruz, recientemente, con el famoso desahucio de Bankia a Carmen Oñama). Eso, o esperar cuatro años.
Ángel Llanos Castro es EXPORTAVOZ DEL PP EN EL CABILDO DE TENERIFE Y EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ