CASO AITANA > MUERTE DE UNA NIÑA DE TRES AÑOS EN ARONA EN 2009

La Audiencia confirma el archivo de la querella contra los médicos

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

La Sección Segunda de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso interpuesto por Diego Pastrana contra el sobreseimiento de la querella que interpuso en su día contra los médicos que atendieron a la pequeña Aitana, una niña de 3 años fallecida en el Sur de Tenerife a finales de 2009, lo que consolida el archivo de estas actuaciones.

En parecidas circunstancias (aunque recurrido) se encuentra la acusación por homicidio contra el propio Diego, que en el momento de los hechos era la pareja de la madre de la niña, por lo que poco a poco se va desenredando el ovillo procesal por este caso, a la espera de que se concreten las anunciadas querellas de Pastrana contra algunos medios de comunicación.

Como recordarán los lectores, el llamado caso Aitana concitó el interés de toda España al conocerse que Diego Pastrana, un joven detenido como supuesto violador y asesino de una niña de tres años, era puesto en libertad tras ser duramente criticado por la prensa nacional y local durante los dias en que duró su arresto.

Según se desprende del contenido de la autopsia realizada en su día por especialistas del Instituto de Medicina Legal de santa Cruz de Tenerife, se descarta que Aitana sufriera abusos sexuales o muriera como consecuencia de un homicidio, sino que se apunta al accidente como causa más probable. Estas conclusiones, reafirmadas por los forenses de Las Palmas y puestas en duda por un informe privado que encargó la medra de la niña tras su ruptura con Pastrana, apuntan a que la niña falleció como consecuencia de las lesiones ocultas sufridas por una caída en un columpio, incidente que tuvo lugar días antes del óbito y al que siempre se refirió la familia.

Sin embargo, Pastrana se querelló tanto contra el médico del centro de salud de Arona El Mojón que atendió en primer lugar a la pequeña como contra los tres especialistas que hicieron lo mismo posteriormente en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de esta capital.

Ahora, la Audiencia provincial hace bueno el sobreseimiento de la causa contra estos médicos en un auto en el que no deja lugar a dudas al respecto.

En el auto, el magistrado titular lamenta que la imputación realizada contra los médicos se haga de forma genérica, por lo que procede a descartar uno por uno los posibles tipos en que se podría encauzar la querella.

Lejos de hallar rastro de la supuesta existencia de alguno, el magistrado destaca que “ni de los términos del Informe Médico Forense (…) ni de los que obran en el Informe del Servicio de Patología Forense ni del Informe preliminar de Autopsia se desprende indicio alguno de la existencia de mala praxis médica, pues en ningún caso se apunta en tales informes a tal circunstancia como posible causa del fallecimiento de la menor, que según los facultativos del Instituto de Medicina Legal tuvo como causa un traumatismo craneoencefálico, sin referirse tampoco en ninguno de tales informes que la atención médica de la menor fuera incorrecta”.

“Es más -continúa el documento judicial- de la abundante documentación obrante en el expediente y en particular del contenido del Informe de los instructores médicos (…) que dio lugar a la correspondiente Resolución del Servicio Canario de Salud (…) se desprende que todos y cada uno de los profesionales contra los que se dirige la querella actuaron en todo momento conforme a la lex artos médica sin que se objetiven insuficiencias, errores o déficits que hayan podido influir en el fallecimiento de la menor”.

Así las cosas, el magistrado titular impone las costas al querellante.

“NUNCA SE DEBIÓ DUDAR DE LOS MÉDICOS”

El abogado de los tres médicos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria es el tinerfeño Emilio Granados, que colabora habitualmente con el Grupo de Comunicación DIARIO DE AVISOS. Según detalló ayer a este periódico, a su juicio “nunca se debió poner en duda la actuación de los médicos, tal y como vuelve ahora a reflejar el auto de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife. Es comprensible el sufrimiento de la familia por el fallecimiento de la pequeña, pero ha quedado demostrado que tanto en el centro de salud como en el hospital de La Candelaria se hizo todo lo posible por salvar la vida a la niña, y que ese tratamiento se corresponde con la praxis médica establecida. Así lo han certificado desde el propio Servicio Canario de Salud, que utilizó profesionales de otra provincia para comprobarlo, hasta distintos tribunales de Justicia. Felizmente, el buen nombre de mis representados ha quedado plenamente resguardado de cualquier sospecha”.

Emilio Granados
El abogado tinerfeño Emilio Granados. / JAVIER GANIVET

LOS TRES PROCESOS DEL ‘CASO AITANA’

La muerte de Aitana, ha generado tres cauces procesales distintos a cuenta de las distintas iniciativas judiciales por las que han optado las partes implicadas. Así, mientras dos de los procesos abiertos agonizan ya con sendos archivos-los referentes a la acusación por homicidio contra el exnovio de la madre y por mala praxis de los médicos- ahora llega un tercero: las querellas contra varios medios de comunicación.

CONTRA DIEGO PASTRANA
Aunque el primer juez que se ocupó del caso lo dejara libre, la ruptura de la relación con la madre de la niña viró a ésta contra Pastrana. Tras varias periciales, se archivó al concluir que se trata de un accidente. Está recurrido.

CONTRA LOS MÉDICOS
La noticia que adelanta hoy este periódico es la confirmación del archivo de la causa contra el doctor que atendió a la niña en el centro de salud y los tres que posteriormente cuidaron de ella en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria.

CONTRA LOS MEDIOS
Aclarada la causa de la muerte como un accidente, el abogado de Pastrana -el tinerfeño Plácido Peña- tiene preparadas varias querellas contra medios de comunicación que, a su juicio, dañaron la imagen de Diego Pastrana cuando fue detenido por la Guardia Civil. En una de las querellas se piden hasta 3 millones de indemnización.