EFE | Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias aspiraba a recaudar 30 millones de euros en 2013 con el impuesto sobre depósitos bancarios que creó el pasado verano y que el Ministerio de Hacienda se propone dejar sin efecto para evitar diferencias fiscales en este ámbito entre comunidades autónomas.

Este impuesto sobre depósitos bancarios fue instaurado por primera vez en España por el Gobierno de Extremadura en 2001, que no ha podido aplicarlo hasta hace unas semanas, porque el Gobierno central, en la época de Aznar, lo impugnó ante el Constitucional.

El Ejecutivo de Canarias lo incorporó a su batería fiscal propia en julio pasado, en el paquete de medidas fiscales que presentó a su Parlamento mediado el ejercicio para cumplir los objetivos de déficit, con una previsión de recaudación de 15 millones de euros.

La legislación de Canarias establece que los bancos deben tributar ese impuesto al final del año por los depósitos que sus clientes han confiado a sus oficinas en el archipiélago, teniendo prohibido, de manera expresa, repercutirles su cuantía.

El importe del impuesto varía en función del volumen de depósitos que declare cada banco y, además, se le aplican deducciones si la entidad tiene su sede central en Canarias, en función del número de oficinas que posea en el archipiélago y en reconocimiento a varias circunstancias, como ampliar el crédito a empresas y autónomos de las islas o financiar determinados proyectos del Gobierno canario.

La Consejería de Economía aún no ha hecho público cuánto dinero le va a reportar este año el impuesto, que se devenga el 31 de diciembre, pero sí ha avanzado en los Presupuestos de la comunidad autónoma cuánto aspiraba a recaudar en 2013: 30.030.000 euros que aparecen expresamente consignados en el capítulo de ingresos.

Sin embargo, a finales de noviembre, tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto de Extremadura, el Ministerio de Hacienda anunció que, con fecha de 1 de enero, creará un impuesto estatal sobre el mismo concepto con un tipo del 0 %, cuya finalidad será garantizar la unidad de mercado y evitar que cada autonomía pueda tener una tasa propia.

La medida se ha llevado a los Presupuestos Generales del Estado de 2013 vía enmienda en el Senado, con lo que frenará nuevos impuestos del mismo tipo en otras autonomías, si bien Hacienda ha reconocido que su implantación puede obligarle a compensar a aquellas comunidades que ya lo tenían en vigor (Extremadura, Andalucía y Canarias).